Nuevo Congreso entre las reformas y la mirada al 2021

En vísperas de asumir sus funciones, el nuevo Congreso ya muestra tensiones entre dos agendas: las grandes reformas y las demandas populares en un año preelectoral. Por un lado, las reformas políticas y judiciales, pendientes desde el anterior Parlamento, buscan mejorar la democracia y la justicia. Por el otro, exigencias sobre seguridad y servicios básicos aparecen como temas inmediatos.

Aunque la mayoría de bancadas electas dicen que apoyarán las reformas, hay discrepancias que complican su futuro. Por su lado, Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP) y Podemos subestiman las reformas pendientes. Alegan que la ciudadanía tiene otras prioridades, como la seguridad ciudadana. Las encuestas, además, muestran que, aunque hay un alto respaldo a las reformas, la mayoría espera que el Congreso priorice la atención a problemas del día a día del ciudadano.

La abogada constitucionalista y politóloga Milagros Campos, que integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, advierte que “el nuevo Congreso, al estar fragmentado, enfrenta la dificultad de lograr mayorías para tomar acuerdos”.

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“Uno de los mayores retos es crear condiciones para la elección del Congreso del bicentenario. Se necesita un acuerdo político para una agenda legislativa que permita priorizar algunas reformas y no quedarse en los temas de coyuntura”, dice.

“El mejor legado de este Parlamento es crear mejores condiciones para el proceso electoral y con ello de la democracia. Que lo urgente no quite el tiempo a lo importante”, anota Campos.

El politólogo Arturo Maldonado, socio de la consultora Cincuenta Más Uno y profesor de la Universidad Católica (PUCP), considera que “las señales que mandan diferentes congresistas no van en línea con esta idea de un Congreso que impulsará las reformas política y judicial”.

“Sobre la inmunidad, una reforma popular, con diferentes matices, hay cierto acuerdo. Pero creo que la reforma naufragará allí nomás. No hay incentivos para que esta siga el camino que se proponía y además hay poco tiempo”, afirma. Aun si hay avances en las reformas electorales, “tampoco es muy claro lo que vendría”. “Incluso hay voces discordantes con un tema importantísimo: las elecciones internas.

Como indicó un miembro de la Comisión, es la espina dorsal de la reforma. Entonces están atacando esa espina dorsal. Si en eso no se ponen de acuerdo y no se implanta para el 2021, entonces esta reforma quedaría dañada y desmembrada”, alerta. Para el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, el nuevo Congreso “deberá abocarse fundamentalmente a aprobar las reformas políticas y electorales que no hubo tiempo o interés de hacerlas, y a las que falta segunda votación, para las reformas constitucionales”.

“La mayoría de ellas han sido aprobadas por la población en el último referéndum. El Congreso tiene que honrar ese mandato popular expresado por más del 90% de la población en el referéndum, y de no hacerlo, recibirá la sanción política en las elecciones del 2021”, sostiene.

“Dejar de lado la discusión y aprobación de algunas de estas reformas, o reemplazarlas por temas aparentemente más populares, será un arma de doble filo, que podrá significar un serio revés ad portas a los comicios del 2021”, dice el politólogo.

Además, considera que este nuevo Parlamento debe cumplir con que se “transparente la elección de las altas autoridades del sistema de justicia (Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Poder Judicial), realizar las acusaciones constitucionales a los magistrados corruptos y eliminar la prescripción de delitos por corrupción y otros”.

Más diálogo del Ejecutivo con bancadas

El Gobierno continúa sus conversaciones con las bancadas electas para lograr una agenda en que se impulsen las reformas políticas y judiciales pendientes, y la aprobación de los decretos que emitió en el interregno parlamentario.

Para hoy a las cuatro de la tarde está programada una reunión entre el primer ministro, Vicente Zeballos, con los congresistas electos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos, los cuatro grupos que trabajan un “acuerdo de gobernabilidad”. Parte de la agenda es revisar los decretos de urgencia.