Procuraduría Anticorrupción pide investigar a 4 funcionarios de Imarpe y a 4 empresas pesqueras

La procuradora adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas Espinoza, requirió a la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao que se inicie investigación contra 4 funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y las empresas pesqueras Tecnológica de Alimentos (TASA), CFG Investment, Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar.

Los funcionarios imputados son el director científico de IMARPE, Renato Guevara Carrasco; el director de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama;el director de Investigaciones de Recursos Pelágicos, Miguel Ñiquén Carranza; y el biólogo de la Dirección de Hidroacústica, Luis La Cruz Aparco.

La procuradora Villegas señala dos hechos de relevancia que involucra a los mencionados. Primero, la presunta manipulación de los datos científicos para aumentar artificialmente la biomasa de anchoveta a 8,3 millones de toneladas, y así inducir a las autoridades a fijar una alta cuota de pesca para la segunda temporada de 2019 que alcanzó la “cifra histórica” de 2,7 millones de toneladas. Las evidencias indicaría que se “inflaron” las cifras para favorecer a la industria de harina de pescado. Perú es el mayor exportador del mundo de este producto.

Segundo, la existencia de una red de tráfico de información científica de IMARPE hacia algunas empresas pesqueras agremiadas en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). El sustento de este circuito son unos audios que registran conversaciones entre servidores de IMARPE con extrabajadores de esta entidad que laboran en las compañías pesqueras.

En el escrito de 56 páginas fundamentado en más de 500 folios, la procuradora Yudith Villegas argumenta que existen suficientes indicios que ameritan una investigación fiscal para determinar responsabilidades por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.

“De los hechos se advierte presuntamente que las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos de IMARPE (mencionados), quienes valiéndose de sus cargos y de forma indebida se habrían interesado de manera directa o indirecta para favorecer a las empresas que conforman la Sociedad Nacional de Pesquería. Entre las que se vieron beneficiadas con la mayor descarga de anchoveta se encuentran CFG Investment, Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar y Tecnológica de Alimentos (TASA)”, señala la procurada en su escrito.

Sobre el tráfico de información, apuntó: “Resulta preocupante la continua comunicación entre trabajadores de empresas pesqueras y actuales servidores de IMARPE, puesto que son estos últimos quienes se encargan de elaborar informes sobre el stock de anchoveta”.

Además, indicó que “existiría una cifra artificial que habría incrementado el stock de la anchoveta a 8,3 millones de toneladas para la segunda temporada, lo cual solo podría beneficiar a las empresas que conforman la SNP. De no haberse inflado esta cifra, lo más probable era que el Ministerio de la Producción habría fijado una cuota pequeña o no habría iniciado la segunda temporada de pesca de 2019”.

Efectivamente, al determinarse que no existía la cantidad de anchoveta que IMARPE reportó, la ministra Rocío Barrios suspendió la segunda temporada para no poner en peligro a la especie.

La procuradora Yudith Villegas presentó el requerimiento de investigación ante la Fiscalía el lunes 28 de febrero. Coincidentemente, una semana después circuló en algunos medios información sobre una denuncia fiscal contra la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien promovió la investigación a funcionarios de IMARPE y dispuso su reorganización, que incluso concurso público para el nombramiento de su presidente y directivos.