Apurímac: Absuelven a 19 comuneros acusados de disturbios contra Las Bambas

Maribel Mamani Mamani

El Juzgado Unipersonal de Cotabambas (Apurímac) absolvió a 19 comuneros procesados y acusados de cometer disturbios, daños, fabricación y tenencia de armas durante las protestas en 2015 contra Las Bambas, mina de MMG Limited.

En la audiencia desarrollada ayer, el juez Andrés Abelino Aguilar concluyó que no existen pruebas suficientes para comprobar los delitos. La etapa de control de acusación de este caso inició en agosto de 2018 y al siguiente año arrancó el juicio oral, pero fue suspendido hasta en tres oportunidades. El último motivo fue porque la fiscal a cargo del caso no se presentó a la audiencia.

Los pobladores de las diferentes comunidades de Cotabambas realizaron diversas marchas pidiendo que este caso sea archivado definitivamente.

La fiscalía solicitaba entre 11 a 17 años de pena privativa de la libertad contra los investigados, además de una reparación civil a favor del Estado de 20 mil soles y el monto de 88 mil 600 dólares para la empresa minera, por daños ocasionados a la propiedad privada.

Prisión preventiva

Por este caso, en octubre de 2016 los comuneros Javier Mamani Coaquira y Edward Brandon Quispe Ccuno fueron enviados seis meses a prisión como medida preventiva tras ser acusados de posesión ilegal de arma de fuego, municiones y dinamita. Fueron enviados al penal de varones de Quencoro del Cusco. Recuperaron su libertad en marzo de 2019.

En aquel entonces ambos negaron todas las acusaciones y denunciaron que fueron “sembrados”. Añadieron que fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían poseer estas armas. Quispe Ccuno incluso aseguró que le obligaron a disparar un arma de fuego. Ellos denunciaron que personal de Las Bambas retuvo a 21 comuneros en el campamento minero, donde se habrían producido los hechos que señalan.

Raíces del conflicto

La acusación a estos pobladores inició tras la protesta contra la empresa Las Bambas que comenzó un 25 de setiembre de 2015, el resultado fue la muerte de tres personas y más de una veintena de heridos entre comuneros y efectivos policiales.

El conflicto inició porque, según los pobladores, no se realizó una consulta previa para hacer cambios en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. A esto se sumó el pedido de paralizar los trabajos realizados en el lugar, al considerarlos perjudiciales para las comunidades. Fue necesaria la declaratoria de emergencia en la provincia.