Proveedores de Qali Warma reclaman por exceso de penalidades que afectan sus empresas
Representantes de las empresas proveedoras del programa de alimentación escolar Qali Warma se presentaron ante el despacho de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ariela Luna, para expresarle sus quejas por la aplicación de lo que consideran penalidades injustas y confiscatorias.
De acuerdo con las cartas que varias de las compañías remitieron a la oficina de la ministra Luna, funcionarios de Qali Warma se han excedido en la aplicación de sanciones por supuestos incumplimientos atribuidos a los proveedores, y han retenido el 10% de las garantías de fiel cumplimiento, con lo que perjudican la estabilidad financiera de los proveedores.
“Se han producido una serie de circunstancias y situaciones no atribuibles a los proveedores, y que no se ajustan a las obligaciones contractuales que estos han asumido, sin embargo, por disposición de Qali Warma se le imponen cargos a las empresas en una abierta violación a los contratos”, señalan en una de las comunicaciones.
“Nuestra participación y responsabilidad se limita únicamente a la compra de productos no perecibles de la canasta alimenticia que cumple con los requisitos de calidad e inocuidad establecidos por Qali Warma en las fichas técnicas”, explicaron los proveedores: “Dichas compras las hacemos a los fabricantes o procesadoras o distribuidores autorizados titulares de los Certificados Sanitarios o Registros Sanitarios. Luego procedemos a la distribución periódica de los alimentos para su preparación y consumo”.
En 2019, Qali Warma emitió numerosas alertas sanitarias por presuntos defectos en envases de conservas de carne de pollo, pavita y cerdo, entre otros, y sin mayor trámite, la entidad aplicó penalidades económicas a los proveedores por exigencias que no están previstas en los contratos.
“Muchas de estas alertas sanitarias se han producido después que los productos fueron liberados siguiendo de manera estricta los protocolos y procedimientos señalados por Qali Warma, sin que se haya producido ninguna observación”,argumentaron los proveedores.
“No obstante contar con el acta de supervisión y liberación suscrita por los Supervisores de Planta y Almacén, las alertas sanitarias se producen en determinadas unidades territoriales, Qali Warma obliga a los proveedores de todo el país a cambiar el producto sin que exista una razón que lo justifique”, señalaron.
Incluso en algunos casos se lanzaron alertas sanitarias, cuando los alimentos habían sido consumidos hasta un 20% sin que se registraran reportes de deficiencias. Empero, Qali Warma exigió el reemplazo de todo el lote observado, de lo contrario aplica penalidades a los proveedores.
Además, las alertas sanitarias sin mayor sustento, afectan la distribución de alimentos y ponen en riesgo la salud de millones de niños en edad escolar.
Los productos observados pasan a los laboratorios de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), que en 21 debería emitir los resultados de la evaluación. Sin embargo, casos que se reportaron en mayo y en junio de 2019, al día de hoy no se resuelven. Mientras tanto, Qali Warma, sin que exista incumplimiento contractual, aplica una penalidad del 10% de la carta de fiel cumplimiento.
Los proveedores han requerido a la titular del MIDIS reuniones con el director ejecutivo de Qali Warma, Fredy Hinojosa Angulo, así como a la asesora de dicho despacho, Marisa Villagomez Izaguirre, porque son los que manejan la información sobre los casos descritos.
Respuesta de Qali Warma
Mediante un comunicado, Qali Warma señaló que la garantía e inocuidad de los alimentos que forman parte del servicio alimentario no se puede sacrificar por satisfacer los “reclamos injustificados” de los proveedores que abastecen los alimentos.
El programa precisó que los precios referenciales fijados para los alimentos requeridos en el servicio alimentario del año 2020, a través del Proceso de Compras Electrónico 2020, obedecen a sustentos técnicos y costos de mercado.
Según Qali Warma, se tomó en cuenta los costos de productos (insumos) y su transporte hacia las instituciones educativas, certificaciones de las plantas (sanidad, higiene y saneamiento), dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos (bolsas plásticas), equipos tecnológicos (como celulares), salario del personal, así como costos financieros y utilidad.
Precisó que el intercambio de productos solo se puede dar cuando en el mercado hay limitada disponibilidad de los alimentos o insumos para su preparación, y por resultados organolépticos inadecuados. El menú escolar se elabora tomando en cuenta el ámbito geográfico y la pertinencia cultural. Sin embargo, según la institución, un grupo de postores, por intereses particulares, busca cambiar el menú escolar.
Por último aclaró que para que un producto sea distribuido a una escuela es sometido previamente a un riguroso control de calidad en los almacenes del proveedor (proceso de liberación), el mismo que está a cargo de ingenieros alimentarios, quienes aplican las normas técnicas en materia sanitaria, y si es que los proveedores no cumplen con los requerimientos, se les penaliza y sanciona para que no vuelvan a contratar con el programa.
