Hay 186 conflictos ambientales que el Ejecutivo debe resolver

En su nueva etapa de gestión, sin Congreso, el presidente Martín Vizcarra enfrenta 186 conflictos, en su mayoría de carácter socioambiental, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

De ellos, los que se han mantenido constantes y sin solución son los del Corredor Minero Sur, donde la población apurimeña y cusqueña viene siendo afectada desde hace cuatro años por la contaminación que genera el paso diario de cientos de camiones mineros encapsulados.

También está el proyecto Tía María, en Arequipa, que carece de licencia social en razón a que los pobladores del valle de Tambo temen que esta zona eminentemente agrícola sea impactada por la minería.

El tercer escenario de conflictos permanentes es la Amazonía. Ahí, los derrames de petróleo continúan afectando las aguas y tierras de las comunidades indígenas. Estudios toxicológicos del Ministerio de Salud han revelado que estas personas tienen metales pesados en el organismo.

La crisis política ha hecho que se les pierda de vista, pero estos conflictos han estado presentes siempre. Ahora se requiere una solución consensuada y pronta.

Solicitamos conocer las nuevas estrategias que está trabajando el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros para abordar los conflictos socioambientales. No fue posible. Dijeron que el viceministro Raúl Molina estaba en reunión preparando su viaje para ver estos temas y también fijando fechas. En el caso del corredor minero, la PCM había acordado reiniciar el diálogo con los comuneros de Chumbivilcas este lunes 21, pero esta reunión no se podrá realizar porque la zona fue declarada en estado de emergencia.

Un escenario con retos

El director del Observatorio de Conflictos Mineros, José de Echave, estimó que es momento de que el gobierno de Vizcarra aborde los conflictos con estrategias distintas y con una enorme voluntad para colocarlos en un escenario de diálogo, pero con resultados concretos.

Lamentó que se siga utilizando el mismo método de los gobiernos anteriores, aunque reconoció que a diferencia de las gestiones pasadas, en la presente no haya ocurrido muertes.

“También hay la necesidad de revisar normativas aprobadas entre los años 2013 y 2015 respecto a certificación ambiental y modificación de proyectos de inversión, para que estas se hagan de manera expeditiva utilizando instrumentos como los Informes Técnicos Sustentatorios”, indicó tras señalar que la flexibilización ambiental es base de muchos de los conflictos que están ocurriendo y que este escenario va a ser uno de los principales retos que tendrá el gobierno de Martín Vizcarra.

Sociedad Nacional de Minería y Petróleo propone medidas

- El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Pablo de la Flor, propuso tres medidas para que el gobierno afronte la conflictividad: cerrar las brechas sociales en las zonas productoras porque son caldo de cultivo, seguir apostando por el diálogo con mejores mecanismos de coordinación interinstitucional para que los acuerdos se cumplan y asegurar la vigencia del Estado de derecho.

- También se refirió al papel de las empresas. “Deben seguir apelando al diálogo, perfeccionar las formas de acercamiento a las comunidades, mejorar sus programas de responsabilidad social, lo mismo que sus estándares ambientales. Las empresas están comprometidas con estas tareas”, afirmó.