Cuestión de Confianza incluiría al actual proceso de selección del Tribunal Constitucional

Por: Enrique Patriau

El Poder Ejecutivo maneja distintos escenarios de cara a lo que será la sustentación de la nueva cuestión de confianza para modificar el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

El viernes, el premier Salvador del Solar entregó una carta al titular del Congreso, Pedro Olaechea, para que se le invite al Pleno a exponer los alcances de la medida. La duda en Palacio es si se le permitirá presentarse antes o después de que la representación nacional sesione para intentar elegir a los nuevos integrantes del TC. Son seis las plazas vacantes, de siete. Se necesitan 87 votos.

Lo que pudo conocer La República es que este pedido de confianza abarcaría el proceso de elección que actualmente tiene lugar en el Parlamento. Tiene sentido, si se piensa que no serviría de mucho presentar un recurso de esta naturaleza para que recién se haga efectivo en el proceso de renovación siguiente. Como se sabe, cada magistrado del TC cumple un periodo de cinco años. El único con plazo vigente es Augusto Ferrero Costa, cuya designación vencerá en agosto del 2022.

No es seguro que se renueve a los seis magistrados con plazos vencidos. En todo caso, los que entren ocuparían sus respectivos cargos hasta el 2024.

De ahí que se esté pensando en la fórmula descrita.

La lista propuesta por el Congreso ha generado protestas desde sectores especializados y organizaciones sociales porque la mayoría de nombres (salvo excepciones) no garantiza un comportamiento imparcial al frente de la máxima autoridad constitucional del país.

No es todo. Hay una lección que parece aprendida en Palacio, a raíz del episodio reciente que significó el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, para el 2020.

A plazo fijo

Efectivamente, cuando el Ejecutivo presentó su proyecto de adelanto de elecciones, el 31 de julio, le dio la potestad al Congreso para que lo debatiera de acuerdo a su ritmo.

Lo que ocurrió fue que la discusión de la reforma constitucional se tornó lenta, cuando se esperaba, más bien, una respuesta rápida. Casi dos meses después, el jueves, la Comisión de Constitución, que lidera Rosa Bartra (Fuerza Popular), mandó al archivo la iniciativa.

Al día siguiente, el viernes, el presidente Martín Vizcarra anunció que su gobierno haría cuestión de confianza sobre el proceso de selección de los integrantes del TC.

Para evitar un posible ánimo dilatorio, el pedido de confianza incluiría un plazo máximo para la respuesta del Congreso. Lo que se quiere evitar es que haya una demora excesiva en la deliberación.

Si la confianza fuera negada, sería la segunda vez que esto ocurriría en el accidentado quinquenio que corre actualmente. El gabinete entraría en crisis y el presidente Vizcarra quedaría facultado constitucionalmente para disolver el Congreso. De ocurrir ello, debería convocarse a elecciones legislativas para completar el periodo.

Todos los escenarios son posibles y, de acuerdo con las fuentes consultadas, el gobierno contempla una posible reacción a cada uno de ellos.

Cabe señalar que la Junta de Portavoces ha sido convocada para las 8:30 del lunes. Ahí se decidirá si el premier Del Solar asiste antes de la elección de los miembros del TC o después. En los cálculos de Palacio, lo ideal sería que el titular de la PCM exponga previamente. Lo más realista, sin embargo, es que será después. En cualquier caso, la sesión parlamentaria de mañana promete ser intensa y, por cierto, impredecible.

Hay un elemento adicional: el gobierno no ha desechado la idea de insistir con el adelanto de elecciones. “No está descartado el tema, de ninguna manera”, reiteró un miembro del Ejecutivo consultado.

Hoy habrá reunión de gabinete

- Para hoy, domingo, se tiene prevista una reunión del gabinete ministerial. El lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, espera ser recibido por el Pleno del Congreso para sustentar la nueva cuestión de confianza que el jefe del Estado, Martín Vizcarra, anunció el viernes, con la intención de modificar el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La idea es que siga siendo prerrogativa del Parlamento, pero con reglas más transparentes.