Por: Henry Cotos
La Unidad Funcional del Ministerio de Justicia remitió ayer un oficio a la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, que homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, para que aclare si la exclusión de la Ley 30737 se refiere a las investigaciones fiscales preliminares o preparatorias, y pueda emitir un pronunciamiento sobre el pedido de los S/ 524 millones que reclama la constructora brasileña por la venta de la Hidroeléctrica Chaglla.
Previamente, la Unidad Funcional había solicitado a la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato la relación de las investigaciones preliminares y preparatorias que tiene Odebrecht o sus dependientes, y su opinión sobre el caso. El documento con la respuesta a este pedido lo recibió el viernes 9 de agosto.
El oficio de la Unidad Funcional del Minjus se remite luego de que el Equipo Especial Lava Jato entregara también a la jueza Álvarez un informe que recomienda la devolución de los 524 millones.
En su informe al Minjus la Procuraduría toma en cuenta el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver recuadro), donde precisa que en el cumplimiento de las decisiones judiciales no se puede hacer interpretaciones. Además, se deja en claro que el acuerdo, acatado en todos sus términos por las partes, dice que no se aplicaría la Ley 30737 si Odebrecht tuviera investigaciones o procesos penales pendientes, y no se refiere a investigaciones preliminares o preparatorias. Así, la procuraduría contradice el argumento del Equipo Especial, que interpreta que solo se deben tomar en cuenta las investigaciones preparatorias, recomendando el pago de los S/ 524 millones a la constructora brasileña.
El documento que la Unidad Funcional ha enviado a la magistrada dice que se tiene que acatar el acuerdo en todos sus términos, tal y como fue homologado en la sentencia. De ese modo, será la magistrada Álvarez quien deberá interpretar su propia resolución, pues se da por descontado que el Equipo Especial objetará esta medida y se irá a una vía incidental.
“Si una de las partes se sintiera agraviada por lo resuelto, puede promover un incidente y el caso quedaría definido por lo que resuelva la jueza”, dijo nuestra fuente.
En el oficio en mención, la Unidad Funcional pide que, al haber dos opiniones sobre el acuerdo, una de la Procuraduría y otra del Equipo Especial, la jueza debe precisar los términos de su fallo.
Rafael Vela, jefe del Equipo Especial, confirmó ayer que el procurador Jorge Ramírez remitió al Minjus su informe sobre las investigaciones del caso Odebrecht y será la jueza Álvarez quien decidirá si se entrega o no los 524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Aseguró que Ramírez informó al fiscal José Pérez que la opinión de la Procuraduría es discrepante.
"El acuerdo homologado por una sentencia tiene una serie de incidencias que pueden ser objeto de esclarecimientos, y quien debe interpretar auténticamente esa sentencia es quien la emitió", anotó.
En la procuraduría ad Hoc hay preocupación porque ayer hubo reunión del Consejo Jurídico del Estado para evaluar la denuncia planteada por Amado Enco contra Jorge Ramírez. No hubo, sin embargo, ningún pronunciamiento.
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- Según el fiscal Rafael Vela, las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, en el sentido de que no se devuelva el dinero a Odebrecht por Chaglla, generaron problemas a los fiscales en cuanto a las últimas delaciones en Brasil.
- Dijo que, al parecer, la turbulencia política hizo cambiar de opinión a funcionarios públicos.
- “Quien estaba a cargo de manera autónoma en la negociación, y realizaba todas estas consideraciones de carácter técnico, era el equipo del procurador Ramírez”, precisó Vela. Para el fiscal, el procurador Amado Enco se habría entrometido en la autonomía del procurador.
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Si hay investigaciones pendientes no se puede dejar de aplicar la Ley 30737. No se habla de preliminares o preparatorias.
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Según la norma, se tienen que respetar las decisiones judiciales sin interpretaciones.