Vizcarra: “Nosotros no vamos a generar ningún muerto en valle de Tambo”

Wilder Pari y Fiorella Montaño

El conflicto social por el proyecto Tía María se libra en otros escenarios. Desde Lima, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, responsabilizó al presidente Martín Vizcarra de eventuales muertes como consecuencia de las protestas. Amenazó con tramitar su vacancia de ocurrir un desenlace violento.

Desde el Congreso en Lima, secundado por autoridades de Islay y consejeros regionales, Cáceres culpó a Vizcarra del estallido del conflicto al otorgar la licencia de construcción a Southern, propietaria del proyecto minero.

Desde Moquegua, Vizcarra aseguró que su gestión no será causante de nuevas muertes. “¿Por qué tendría que haber muertos? ¿Quién los va a generar? Nosotros no vamos a generar ningún muerto. Una autoridad tiene que hablar en positivo, no en negativo”, le respondió el mandatario.

Vizcarra reiteró que no impondrá el proyecto por la fuerza. Aceptó que, en las condiciones actuales, no puede empezar Tía María. Manifestó que, de hecho, esa fue una de las condiciones previas a expedir la licencia de construcción: “No habrá ninguna operación si previamente no se sienta a dialogar la empresa con la población para aclarar las dudas”. Además, volvió a señalar que el premier Salvador del Solar está presto a iniciar el diálogo.

Condiciones para el diálogo

Ayer se cumplió el cuarto día de paro en la provincia de Islay. Primero, los manifestantes se reunieron en la plaza San Francisco (Cocachacra) para escuchar las propuestas de Cáceres Llica. Aprobaron lo sostenido por el gobernador, que viajó a Lima en busca de adhesiones.

Luego de una reunión breve, acordaron ir al puerto de Matarani para reforzar el bloqueo de la carretera. Los carros empezaron a salir, pero luego cambiaron de rumbo hacia El Fiscal. En la Panamericana Sur, a la altura del sector de Ventillata, se colocaron piedras y encendieron llantas. Luego, otro grupo despejó la vía y culpó de los bloqueos a los infiltrados.

Hubo un incidente con una delegación de niños, que viajaba en bus a una competición deportiva en Chile. Los manifestantes los obligaron a bajar del carro porque no creían que se trasladaban menores. Miguel Meza, vocero de la protesta, señaló que los ánimos se caldeaban; sin embargo, manifestó que la paralización tiene carácter pacífico.

Ante las declaraciones del presidente Vizcarra de insistir con el diálogo, el dirigente señaló que sí hay condiciones para este. “Solo son personas que están paradas con sus banderitas diciendo no a Tía María”, refirió.

Incluso Meza invitó a Vizcarra a reunirse en Mollendo, pero considera que no hay una real intención de iniciar el diálogo de parte del Ejecutivo. “Cuando alguien quiere solucionar un problema, va a buscar a las personas con las que se tiene el desencuentro”, señaló.

Sobre las sentencias en su contra, por actos contra el pudor y violencia familiar, dijo que son faltas del pasado. No negó su veracidad.

Al otro extremo del valle, en Mollendo, el paro fue mayoritario. Los comercios cerraron sus puertas, incluido el mercado San José. Manifestantes trancaron la carretera de Matarani.

En la ciudad de Arequipa, habitantes de pueblos jóvenes asociados a AUPA marcharon en contra de Tía María.

Seguro para indemnizar

Los agricultores temen alguna contaminación, cuando se ponga en marcha la explotación minera. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Javier Ísmodes, señaló que Southern implementaría un seguro que indemnice a los agricultores del valle de Tambo, en caso que sus cultivos terminen dañados. El fondo de contingencia solo se utilizaría si hay afectación a los sembríos.

Piden a gobernador Cáceres Llica que anule resolución

Un grupo de pobladores del pueblo de Cachendo, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, pidió al gobernador Elmer Cáceres anule la resolución N°150-2018, firmada por la exgobernadora Yamila Osorio. Con este documento, el Gobierno Regional de Arequipa adjudicó 49 hectáreas de terreno del sector de Pampa Cachendo a la empresa minera Southern.

Según el asesor legal de los pobladores, David Vizcarra, ellos pidieron a la Región estos terrenos en 2013 para un proyecto de vivienda. Según Vizcarra, de anularse la resolución, podría dejar sin valor la licencia de construcción que el Estado le otorgó a la empresa minera, ya que con estos terrenos se ayudó a que se vialice el proyecto.