"De los 9 mil 100 servidores gubernamentales denunciados, solo 78 recibieron sentencia judicial de carcelería. El sistema de sanción no funciona".,Ni el 1 por ciento de los funcionarios públicos atrapado en actos de corrupción es condenado y encerrado. Según cifras de la Contraloría General de la República, de los 9 mil 100 servidores gubernamentales denunciados, solo 78 recibieron sentencia judicial de carcelería. El sistema de sanción no funciona, por lo tanto, son necesarias normas más precisas y efectivas. La comisión que ha sido nombrada para plantear reformas debe tomar en cuenta estos datos para combatir frontalmente a los actos ilícitos en el ámbito gubernamental. Casi tres décadas de experiencia en investigación del crimen organizado enquistado en el aparato estatal, nos permite plantear algunas ideas para terminar con costumbres que desde el Estado favorecen el entripado, la componenda y la marmaja, actividades que se reproducen también en la esfera privada. Primero, prohibir a los funcionarios públicos, desde el jefe de Estado hasta los que tienen capacidad de decisión para otorgar luz verde a las contrataciones -o están en posición de influir sobre las decisiones gubernamentales, como los congresistas-, a que mantengan contacto con representantes, lobistas o intermediarios de las empresas proveedoras, bajo sanción penal. Segundo, cero tolerancia a que jueces, fiscales o procuradores mantengan encuentros con personas sometidas a investigación o hayan sido denunciadas por presuntos actos ilícitos en agravio del Estado, o con sus representantes o relacionistas públicos. Tercero, las invitaciones de las grandes compañías contratistas a visitar sus centros de producción en el extranjero, deben quedar completamente restringidas solo a los especialistas de las entidades públicas para las verificaciones técnicas. Cuarto, los exfuncionarios públicos que pertenecieron a las organizaciones dedicadas a la lucha contra la corrupción o el crimen organizado, no podrán laborar a favor de personas o entidades a las que investigaron al menos durante cinco años después de haber renunciado al aparato estatal. Quinto, las entidades fiscalizadoras de las contrataciones del Estado deben contar con una mayor presencia en el territorio nacional, o con un equipo especializado itinerante de reacción rápida que se desplace con eficiencia a cualquier punto del país para verificar la ejecución de los recursos públicos. Sexto, declarar en emergencia el Poder Judicial y el Ministerio Público con el propósito de aplicar medidas que permitan transparentar sus actos en procesos de investigación a jueces y fiscales rápidamente, lo que implica la reestructuración total de sus órganos de control interno. Séptimo, desterrar totalmente el secretismo en los procesos de contratación y adjudicación estatales, y obligar a las entidades públicas a verificar la documentación que presentan los postores para obtener la buena pro. “Casi todos los funcionarios, tanto civiles como militares, son considerados deshonestos y sobornables, de modo que el criminal detenido, generalmente puede comprar su libertad mediante una suma determinada”, escribió en sus memorias el viajero sueco Carl Skogman, luego de visitar Lima en 1853. Más de 165 años después, esos malos modales no solo han continuado sino que han empeorado, como lo confirman los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto. Por eso la reforma debe ser profunda, drástica, contundente. No surtirá efecto si es epidérmica, declarativa, cosmética.
