Cargamontón del congreso contra libertad de expresión.,Mauricio Mulder ha presentado otro proyecto sobre medios que se suma al cargamontón legislativo contra la prensa, y que ya está perfilando a este lustro como el peor para la libertad de expresión en el Perú desde que el fujimontesinismo prostituyera a gran parte del periodismo nacional. El de Mulder prohíbe a todas las entidades del sector público poner publicidad en medios privados. Esto incluye cualquier entidad del Estado, como organizaciones públicas de derecho privado, las que estén en regímenes especiales, empresas del Estado, municipios o gobiernos regionales, los cuales cometerían, según Mulder, ‘malversación’ si anunciaran en un medio privado. El argumento de Mulder para este brulote contra la libertad de expresión, que está orientado a mellar sustantivamente los recursos de los medios independientes, es que “las tarifas de los medios privados son sumamente altas”. Los apristas nunca han sido buenos para entender las cuestiones económicas del Estado, con excepción de las que atañen a su propio bolsillo y a la manera de llenarlos usando el erario, aunque deberían saber que, si algo es caro o barato, es un asunto relativo que, en este caso, podría depender de la circulación o del rating. Este adefesio se suma a las amenazas contra la libertad de expresión que han proliferado en el congreso actual por parte del fujiaprismo. Están, en esa línea, la iniciativa de José Palma (FP) para enviar a la cárcel al que difunda videos íntimos; parecida a la que busca penalizar la difusión de conversaciones de mensajería telefónica de Héctor Becerril –molesto por el ampay al ‘mototaxi’–, a quien también se le ocurrió meterles mano a los ingresos de los medios para financiar pensiones de los canillitas. Asimismo, el de Modesto Figueroa (FP) para regular de modo absurdo la publicidad del Estado; los de Úrsula Letona (FP) y Alejandra Aramayo (FP) –acusada de extorsionar a funcionarios usando un canal de TV– para poner prohibiciones a quiénes pueden ejercer un cargo directivo en un medio; los de Wuilian Monterola (FP), José Palma (FP) y Yonhy Lescano (AP) sobre contenidos en los medios; el de FP para que la programación de Canal 7 se la repartan entre el congreso, el poder judicial y el ejecutivo; para no hablar del inservible aporte del gobierno a la transparencia de la información pública. Todas estas iniciativas de este congreso desprestigiado llevan implícito el gran miedo de los políticos a la libertad de los medios, y buscan recortar la libertad de expresión en el país.
