Este Estado es mío, por Mónica Muñoz-Nájar

(*) Economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Nuestro contacto con el Estado es más cercano de lo que somos conscientes. Como mínimo, cada día, lo encontramos en nuestros hogares en la electricidad y el agua que consumimos, y en las pistas y veredas que recorremos. El Estado se encuentra presente en los contratos que firmamos, los espacios que ocupan las empresas y hasta en los ingredientes de nuestros alimentos. Por esta razón, no reconocer la relevancia del Estado en nuestra vida y bienestar constituye un descuido significativo.

El buen funcionamiento de nuestro Estado es uno de los factores determinantes más cruciales para nuestro bienestar. No obstante, la mayoría de las personas prefieren distanciarse del desafío que esto implica y pasan toda su vida tratando de evitar involucrarse en “la cosa pública”. Así, la aspiración común es tener transporte privado, recibir atención médica en clínicas privadas y enviar a los hijos a escuelas y universidades privadas para eludir la carga de lidiar con malos servicios.

Todos cargamos con el peso y el costo de que el Estado no funcione de forma efectiva, pero el costo es proporcionalmente mayor para las familias con menos recursos, que son las que tienen que usar sí o sí los servicios públicos de transporte, educación y salud. Es así que la ineficiencia del Estado no solo es fuente de descontento sino también de desigualdad.

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¿Funciona el Estado?

Muchos compartimos la sensación de que el Estado no funciona. De hecho, al 2020, la satisfacción de la población peruana con los servicios de educación (44%) y salud (30%) públicas estaba por debajo del promedio de América Latina. Más allá de nuestras opiniones sobre la calidad de los servicios públicos, diversos indicadores evidencian deficiencias en nuestro Estado: según el ranking del índice de efectividad de gobierno del Banco Mundial del 2022, Perú ocupó el puesto 121 de 209 países, debajo de Chile (61) y Colombia (100).

Además, un Estado que no usa efectivamente sus recursos no puede ser eficaz, solo el 2023 no se utilizaron más de 25.000 millones de soles, equivalente a 25 veces el presupuesto del programa Juntos. La inversión pública enfrenta problemas similares, con 1 de cada 4 soles presupuestados sin ejecutarse en 2023.

Calidad de gobernanza

La evaluación del Estado y lo que nos da (o no nos da) va más allá de evaluar los servicios públicos y la ejecución del presupuesto. Usaremos como referencia el índice de gobernanza del Banco Mundial, que, además de la efectividad del Gobierno, considera cinco aspectos adicionales: el grado de estabilidad política, la calidad regulatoria, el cumplimiento del Estado de derecho, el control de la corrupción y la transparencia. ¿Cómo nos va en estos aspectos? Empezando con lo positivo: el 2022 Perú superaba el promedio latinoamericano de calidad regulatoria, si a esto le sumamos que en el reporte de competitividad mundial del Foro Económico Mundial destacamos en la estabilidad macroeconómica, podríamos concluir que existen entidades como el Banco Central de Reserva, Indecopi, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y organismos reguladores que forman islas de cierta eficiencia.

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En lo que respecta a la transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la de las elecciones, la libertad de expresión y libertad para asociarse, nos encontramos en un nivel regular, aunque, lamentablemente, hemos venido retrocediendo desde el 2012. Nuestras normas de transparencia sobre actos públicos son un modelo imitado por otros países y han posibilitado que nos podamos informar sobre el uso, muchas veces inadecuado, de nuestros recursos, sin embargo, la transparencia no se ha reflejado completamente en un mejor desempeño por parte de nuestras autoridades, por lo que el sistema requiere ajustes.

Como el lector adivinará, en los demás pilares de la buena gobernanza pública nos encontramos por debajo del promedio de América Latina y en el tercio inferior del ranking de todos los países del mundo.

La corrupción opaca

Nuestro peor desempeño en la comparación internacional es en el control de la corrupción, pilar que considera la percepción sobre el grado en el que se usa el poder público para ganancias particulares, así como el nivel de “captura” del Estado por intereses privados. Esto se condice con los escándalos de megacorrupción, pero también con los episodios de microcorrupción en los que nos involucramos a diario, de hecho en un informe recientemente publicado por la Red de Estudios para el Desarrollo damos cuenta de cómo se afecta la educación, la salud y la seguridad ciudadana en un país en el que 7 de cada 10 ciudadanos consideran que los actos de corrupción son aceptables si estos garantizan la provisión de servicios públicos y agilizan los trámites.

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Inestabilidad normalizada

Entre 2016 y 2024, hemos tenido seis presidentes y un promedio de menos de 5 meses en el cargo para los ministros. Esta falta de continuidad en la administración pública tiene un impacto negativo en la implementación de políticas y socava la confianza de inversores nacionales y extranjeros. Por ende, no sorprende que ocupemos el tercio inferior en cuanto a estabilidad política.

Reglas de adorno

Por último, el cumplimiento del Estado de derecho también es un aspecto deficiente. El Estado de derecho es el principio de Gobierno que señala que todos estamos sometidos a la ley y esta se cumple por igual y se aplica con independencia a personas, empresas y todo tipo de instituciones públicas y privadas.

El índice de Estado de derecho del World Justice Project sitúa al Perú en el puesto 88 de 142 países, estando en los peores puestos en lo que respecta a la aplicación de la justicia civil y penal y en el orden y la seguridad.

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Es nuestro problema

La mala calidad de la gestión y gobernanza pública es un factor determinante en el bienestar del país y en especial de los más pobres. Estudios demuestran una fuerte relación entre la disminución de la pobreza rural y los aspectos que hemos repasado de gobernanza. Países con Gobiernos eficaces experimentan tasas de crecimiento superiores debido a un mayor nivel de capital humano gracias a la provisión eficiente de bienes y servicios públicos, un mejor uso de recursos para incrementar la productividad y mejores calificaciones crediticias que permiten captar más recursos.

El camino hacia el bienestar exige medidas concretas para fortalecer la eficiencia del Estado. Desde el fortalecimiento del servicio civil y la promoción de la meritocracia hasta la estabilidad política, es imperativo abordar estos desafíos para construir un Estado que cumpla con su función fundamental de servir y proteger a la ciudadanía. Reconocer la importancia del Estado en nuestra vida diaria es el primer paso para impulsar cambios significativos y construir un futuro mejor.