Difamación agravada

Continúa la judicialización que afecta la labor del periodismo, con medidas draconianas que limitan la libertad de prensa y la libertad de información, al impedir que la ciudadanía acceda a contenidos y comunicación de calidad.

En esta ocasión, es el Congreso de la República el que –pese a que la tendencia internacional es despenalizar este tipo de denuncias– optó por endurecer las sanciones para casos de difamación. Se trata de un dictamen en primera votación, que ha recibido el respaldo del Pleno del Parlamento, sin debate previo.

Se trata del proyecto de ley 2862/ 2022/ CR que ha elevado la severidad de las penas por difamación o calumnia en la que se haya hecho utilización indebida de medios de comunicación/ redes sociales/ sitios web de 2 a 4 años, y que obliga a hacer efectivo el pago de la reparación en beneficio del querellante.

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Según han señalado el Consejo de la Prensa, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPYS, la ANP, entre otras organizaciones gremiales y asociaciones que defienden la libertad de prensa, se trata de una disposición que, de aprobarse, va a afectar la labor de los hombres que ejercen labores periodísticas.

Según las propias instituciones, ya suman 150 los periodistas acusados de difamación en estos últimos 5 años. Se trata de un mecanismo judicial por el que optan “quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público”.

De aprobarse en el Congreso de la República esta disposición que modifica la legislación existente para agravar las sanciones a las instituciones que defienden las libertades de prensa y de información, se debe pedir al Ejecutivo que observe la medida para evitar su promulgación. “Este tipo de iniciativas pueden facilitar la impunidad de las autoridades y funcionarios públicos, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano”, enfatizan los gremios relacionados con la prensa.

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En aras de la transparencia y el respeto al libre ejercicio del periodismo en el Perú, y para no seguir afectando la libertad de prensa, que es la base de otros fundamentales derechos ciudadanos que caracterizan a la democracia, se hace indispensable que se desista de esta nueva amenaza que se está gestando en el Congreso.