
El exministro de Defensa de Ucrania Mykhailo Fedorov elevó la presión política sobre el presidente Volodimir Zelensky al reclamar que el país busque una vía legal para celebrar elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia, mientras una nueva investigación por corrupción involucra a funcionarios de la Oficina Presidencial.
Fedorov sostuvo que la continuidad de la ley marcial no debería impedir que Ucrania encuentre mecanismos para recuperar plenamente sus procedimientos democráticos. "Estamos luchando precisamente porque queremos seguir siendo un Estado europeo libre", afirmó en un video difundido.
Su pronunciamiento constituye uno de los cuestionamientos políticos más directos contra el funcionamiento del Estado ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, aunque el exministro evitó mencionar expresamente a Zelensky.
Cabe indicar que Ucrania mantiene vigente la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa, una situación que impide actualmente la convocatoria de elecciones. La ex autoridad planteó que las autoridades deben diseñar un mecanismo que permita garantizar el voto de los militares desplegados en el frente, de los habitantes de las zonas cercanas a los combates y de los ucranianos fuera del país.
"La complejidad no significa imposibilidad", declaró. No obstante, a las dificultades logísticas se suma la ocupación rusa de cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y la presencia de más de un millón de personas en las Fuerzas Armadas.
Aunque Fedorov no presentó un programa electoral ni confirmó que pretenda competir por la Presidencia, sus declaraciones llegan después de su salida del Ministerio de Defensa y en medio de un creciente debate sobre el rumbo político del país.
El exministro, de 35 años, había ocupado previamente el Ministerio de Transformación Digital y posteriormente asumió Defensa, cartera desde la que impulsó reformas en las Fuerzas Armadas. Su destitución en julio provocó manifestaciones en Kiev y estuvo acompañada por otros cambios dentro de la estructura militar y gubernamental.
Una encuesta del Centro de Investigación Social Socis, realizada a comienzos de agosto, situó a Fedorov tercero en una eventual primera vuelta presidencial, con 13,1% de respaldo. Zelensky obtuvo 22,3%, mientras que el exjefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador en Reino Unido, Valerii Zaluzhnyi, alcanzó 21,4%.
El mismo sondeo proyectó derrotas de Zelensky en una eventual segunda vuelta frente a Fedorov y Zaluzhnyi.
"La gente no puede vivir indefinidamente en un Estado donde no entiende por qué se toman ciertas decisiones", cuestionó, al reclamar mayor transparencia y criticar que la lealtad personal pueda imponerse al profesionalismo en los nombramientos públicos.
Las declaraciones coinciden con una nueva ofensiva de las autoridades anticorrupción ucranianas que afecta a integrantes de la estructura política cercana a Zelensky.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron una operación denominada 'Forrest Gump', destinada a investigar una presunta organización criminal integrada por antiguos y actuales diputados, altos funcionarios de la Oficina del Presidente y otras personas.
Como parte de las pesquisas se realizaron registros en dependencias vinculadas con Irina Mudra, entonces jefa adjunta de la Oficina Presidencial, quien fue posteriormente destituida.
La investigación también menciona al empresario y diputado Vadim Stolar, además de funcionarios del Ministerio de Justicia y representantes del sector bancario.
Según los investigadores, la operación estaría conectada con el caso conocido como 'Midas', una investigación de mayor alcance sobre presuntos sobornos y lavado de dinero.
Uno de los principales nombres asociados a la trama es Timur Mindich, copropietario de Kvartal 95, productora vinculada a Zelensky desde su etapa anterior como humorista. Mindich se encuentra prófugo y es señalado como presunto responsable de una estructura que habría cobrado sobornos a contratistas de Energoatom, la empresa estatal que opera las centrales nucleares de Ucrania.
Las pesquisas apuntan a pagos ilícitos por unos 90 millones de euros y a mecanismos destinados a blanquear parte de esos fondos.
La investigación también ha alcanzado a figuras del entorno político del presidente. Entre ellas aparece Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete, quien fue detenido en una investigación derivada del caso y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de 140 millones de grivnas.
Las autoridades investigan además el presunto uso de empresas pantalla y operaciones inmobiliarias para ocultar fondos procedentes de los sobornos.





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