Una decisión legislativa reabre el conflicto ambiental en América Latina: minería en zonas glaciares vuelve a estar permitida

El Congreso argentino aprobó la reforma de la ley de glaciares impulsada por el presidente Javier Milei, una medida que permite avanzar la minería en zonas con masas de hielo y redefine las áreas protegidas bajo control de las provincias. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras una extensa sesión en la Cámara de Diputados, y ya contaba con el aval del Senado.

La nueva normativa cambia el esquema vigente desde 2010 en Argentina, al eliminar la protección automática de estos cuerpos de hielo y del ambiente periglacial. A partir de ahora, cada provincia podrá evaluar si un glaciar cumple una función hídrica relevante. Si no la hace, se habilita la explotación minera en esas zonas, lo que abre la puerta a proyectos de cobre, litio, oro y plata en áreas antes restringidas.

PUEDES VER: Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

Protestas masivas rechazan cambios y alertan sobre crisis hídrica

La aprobación de la ley generó protestas ambientales en las calles y frente al Congreso argentino. Miles de personas se movilizaron con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”, en rechazo a lo que consideran una amenaza directa a las reservas de agua.

Organizaciones como Greenpeace advirtieron que la norma agravará la crisis climática y pone en riesgo el acceso al agua para millones de personas. Diego Salas, director de comunicaciones de la organización en Argentina, señaló que “atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación” global frente al cambio climático.

Durante la jornada, también se registraron incidentes con la policía y detenciones. Activistas escalaron monumentos cercanos al Parlamento, donde desplegaron mensajes en oposición a la modificación. Paralelamente, más de 67.000 firmas fueron entregadas con el fin de frenar el proyecto, mientras organizaciones ambientalistas anticiparon que acudirán a la Justicia e intentarán anular la norma.

PUEDES VER: China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

Provincias asumen control sobre glaciares y recursos naturales

Uno de los puntos centrales es el traspaso de decisiones a las provincias, que ahora tendrán la facultad de determinar qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden destinarse a inversión minera. El oficialismo defendió la disposición como un avance hacia un “federalismo ambiental”.

El propio Javier Milei afirmó que el país recupera una política “inteligente y soberana” para explotar sus recursos. Legisladores afines sostuvieron que la ley corrige criterios que consideraban imprecisos y permitirá atraer capitales con el objetivo de un desarrollo regional.

Desde el sector empresarial, las empresas mineras celebraron la aprobación y destacaron que aportará previsibilidad normativa. Según su postura, la enmienda facilitará la llegada de inversiones y el crecimiento de exportaciones mineras, que el Banco Central proyecta que podrían triplicarse hacia 2030.

PUEDES VER: Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

Expertos advierten riesgo ambiental y retroceso en protección

Especialistas y sectores de la oposición cuestionaron el alcance de la reforma y alertaron sobre sus consecuencias. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, enfatizó que la ley “está hecha a medida de grandes mineras” y advirtió que pone en peligro el agua del 70% de la población.

En el ámbito científico, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) alertó que el cambio debilita el rol técnico en la evaluación de los campos de hielo. Su director, Pablo Villagra, indicó además que “subordina el criterio científico al político”.

Datos oficiales muestran que Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares, los cuales cumplen una función clave en la regulación de recursos hídricos. En el noroeste del país, estas masas ya se redujeron un 17% en la última década debido al cambio climático, lo que refuerza las advertencias sobre el impacto de la nueva normativa.

Diputados opositores además cuestionaron la constitucionalidad de la ley y señalaron que podría contradecir acuerdos internacionales. “El desarrollo minero es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, sentenció el legislador Maximiliano Ferraro en el debate.