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Gobierno de José Antonio Kast inicia el alza del precio del combustible en medio de una estrechez fiscal en Chile

Contingencia. Para mitigar el impacto, el gobierno implementó medidas como el congelamiento de tarifas de transporte público y un bono de apoyo para taxistas, tras modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles

Gobierno de José Antonio Kast inicia el alza del precio del combustible en medio de una estrechez fiscal en Chile
Aunque la decisión sobre las tarifas se roba todos los reflectores, también se implementaron acciones paliativas. Foto: Composición LR/AFP

“Esto es inviable”. Así describió Manuel Bernales, representante de la Cooperativa de Transportes Unidos, el alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel en Chile.

La medida anunciada por el Gobierno de José Antonio Kast entró en vigor este jueves para enfrentar el alza del precio del combustible, impulsada por la guerra en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Actualmente, el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo— solo permite el paso de buques selectos, lo que obligó a los países dependientes de la importación, como es el caso de Chile, a tomar medidas al respecto.

Bajo este contexto, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, describió el panorama como un enfrentamiento contra “un shock de los más grandes en el mercado” que se da en medio de una “estrechez fiscal” severa.

Aunque la decisión sobre las tarifas se roba todos los reflectores, también se implementaron acciones paliativas.

La administración realizó un congelamiento de los valores del transporte público hasta fin de año, una subvención a la parafina para la calefacción durante el otoño y el invierno, y un bono de 110 dólares mensuales para los taxistas por medio año.

Una decisión directa y no paulatina

El alza se dio luego que el Ejecutivo anunciara la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la herramienta estatal chilena que suele suavizar las subidas bruscas en el precio de las bencinas.

Cabe indicar que la medida permite trasladar directamente el costo del combustible al consumidor y deja sin efecto la ayuda del Estado. De aplicarse esta intervención, obligaría al Gobierno a una inversión de 140 millones de dólares semanales.

Enrique Paris, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, explicó que la medida resulta ser “una estrategia de shock”, dejando de lado otras alternativas como los “aumentos no tan pronunciados”. Según detalló para Meganoticias, esta decisión “entra en el espacio de política económica”, recordando que en el 2022, por la guerra Rusia-Ucrania, se enfrentó un panorama similar, pero aquel Gobierno decidió fortalecer el Mepco.

La nueva normalidad

Ante este contexto, el economista Armando Mendoza no ve la adaptación chilena como algo excepcional; por el contrario, la plantea como “una respuesta lógica ante la subida internacional”, así como de darse bajo un gobierno que se destaca por “mostrar sus nuevas políticas con mano firme”. “Es parte del reflejo de una situación general causada por un shock global frente a la cual los distintos países están adaptando sus políticas energéticas”, añadió para La República.

No obstante, el especialista ponderó el manejo del sistema del combustible en Santiago, resaltando que “históricamente ha tenido una política de manejo de los hidrocarburos orientada a asegurar el abastecimiento y la competitividad en el mercado serio”, alejándolo de la realidad de países que incluso producen petróleo, como el caso de nuestro país.

“El Perú tiene una exigencia diaria equivalente a 300,000 barriles diarios. La producción nacional de crudo no supera los 40,000. Es decir, no producimos ni el 10% que consumimos. La manera en que en las últimas décadas ha perdido capacidad de manejo y de seguridad sobre su crisis energética, sobre la demanda y oferta, es impresionante”, indicó.

Además, añadió que en el caso local, se combinan tres factores: “El alza internacional de los precios, de los cuales no hay control; segundo, la voladura del gasoducto, que tiene que ver con la falta de una política de previsión y la falta de capacidad del Estado para negociar con contratistas. Y tercero, está el tema de una empresa estatal colapsada (Petroperú), de la que no se sabe qué va a pasar”

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