Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron el domingo 11 de enero un acuerdo para anular el controvertido Decreto Supremo 5503, que desencadenó protestas y bloqueos en varios departamentos del país. El documento pactado establece la creación de una comisión para elaborar una nueva norma que “mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”, mientras otros aspectos serán revisados o descartados.

Tras semanas de movilizaciones, el vocero de la COB, Mario Argollo, afirmó categóricamente que “aquí no han perdido los ministros, no han ganado los dirigentes, ha ganado Bolivia”, resaltando el entendimiento logrado entre las partes y el compromiso de retomar la normalidad.

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Alcances del acuerdo más allá del combustible

Además de abrogar el decreto que eliminaba subsidios, el acuerdo contempla que en el nuevo decreto se conserven disposiciones sociales clave, como la reprogramación de créditos bancarios, la mejora de bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. Estas cláusulas responden a demandas sindicales para proteger a sectores vulnerables frente a la inflación y el impacto económico general de la crisis.

Pese a la anulación, los dirigentes sindicales subrayaron que el nuevo marco reconstruido con aportes de los trabajadores debe “reflejar las necesidades reales del pueblo”, en particular respecto a la defensa del empleo, la estabilidad salarial y la protección social, e insistieron en que el proceso de redacción sea participativo y transparente.

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Levantamiento de los bloqueos y retorno a la normalidad

Como parte del pacto alcanzado, la COB y las organizaciones sociales representadas acordaron levantar de inmediato todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos de carreteras que afectaban la movilidad interna. El propio Mario Argollo expresó que todo volverá a la normalidad y se dejarán, “a partir de la firma, las medidas de presión que se han instalado en todo el país”, una señal de que la paralización en diversas rutas comienza a ceder.

Sin embargo, los sindicatos decidieron mantener el estado de emergencia hasta que el nuevo decreto sea promulgado oficialmente, lo que indica que, aunque cesaron los cortes, la vigilancia social sobre el cumplimiento del acuerdo continúa. Esta posición busca asegurar que las autoridades cumplan con los plazos y compromisos asumidos en el documento suscrito en El Alto.

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Orígenes del conflicto: subsidios, inflación y rechazo sindical

El conflicto estalló tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, que entre sus principales medidas contemplaba la eliminación de los subsidios a la gasolina, diésel y otros carburantes, lo que incrementó hasta en 162% el precio del diésel y elevó significativamente el costo de la gasolina respecto a los valores que habían estado congelados por más de dos décadas.

Los sindicatos y sectores sociales denunciaron que la medida no solo golpeaba el bolsillo de trabajadores y consumidores, sino que abría la puerta a la liberalización de otros recursos estratégicos del país. En oposición, el Gobierno defendió el ajuste como parte de un plan para equilibrar las finanzas del Estado y garantizar el abastecimiento regular de combustibles, aunque no logró inicialmente consensuar la norma con las organizaciones sociales.