Trump firma decreto para imponer aranceles del 50% a Brasil por "amenaza a la seguridad nacional"

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 40% a las exportaciones de Brasil, con lo que eleva la tasa total al 50%. Según la Casa Blanca, la decisión responde a políticas del gobierno brasileño que, según Trump, amenazan la seguridad nacional y los derechos fundamentales en EE. UU., incluyendo la libertad de expresión y el proceso electoral. Esta es la tarifa más alta aplicada por Washington a un país exportador en la actual administración.

La Casa Blanca afirmó que la decisión también responde a lo que califica como “graves abusos de derechos humanos” por parte del gobierno brasileño. Entre las razones citadas están la supuesta persecución política, la censura y las demandas judiciales contra Jair Bolsonaro y sus seguidores, lo que, según Washington, socava el Estado de derecho.

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Trump acusa a juez brasileño de “tiránico”

El gobierno de Trump señaló directamente al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, como responsable de “perseguir a oponentes políticos” y reprimir la disidencia. Según el comunicado, el magistrado habría impuesto sanciones a empresas estadounidenses por negarse a cumplir órdenes judiciales consideradas arbitrarias, incluso congelando activos en Brasil.

Además, el gobierno de Trump denunció como inaceptable que ciudadanos estadounidenses, como el bloguero Paulo Figueiredo, enfrenten procesos judiciales en Brasil por opiniones expresadas desde EE. UU. Washington calificó estas acciones como una amenaza a la libertad de expresión y a los intereses económicos de su país.

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Brasil rechaza sanciones de EE. UU. y las califica de ataque a su soberanía

El gobierno de Brasil condenó este miércoles las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal, acusando a Washington de interferir en asuntos internos del país. Jorge Messias, jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU), afirmó que la medida representa "un grave e inaceptable ataque a la soberanía de nuestro país", al dirigirse contra un actor clave del sistema judicial brasileño sin fundamentos aceptables en el derecho internacional.

Brasil considera que las sanciones son arbitrarias, injustificables y perjudiciales para las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Las autoridades brasileñas insisten en que cualquier cuestionamiento a sus instituciones debe hacerse mediante canales legales multilaterales y no por acciones unilaterales que socavan la independencia del Poder Judicial y la autonomía institucional de un Estado democrático.