Francesa Albanese, la incómoda relatora de la ONU que no calla ante el hambre y la devastación

Francesca Albanese ha hecho lo que la mayoría de gobiernos en el mundo no han podido hacer.

Ha denunciado que hay un genocidio en Gaza. Ha dicho que hay empresas que se benefician de ella y una economía del apartheid y las matanzas.

Ha asegurado que Israel está escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Y ha afirmado que los países del mundo que mantengan vínculos con un Estado acusado de crímenes de guerra y genocidio violan la legalidad internacional.

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En respuesta, ha sido severamente sancionada por Estados Unidos. Ha sido acusada por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de “actividades sesgadas y maliciosas” y de haber “escupido un antisemitismo descarado (y) de apoyo al terrorismo”.

Albanese ha sido culpada de incitar “a la Corte Penal Internacional (CPI) a tomar medidas contra funcionarios, empresas y directivos de Estados Unidos e israelíes”.

También ha sido amenazada de muerte por sus actividades en la defensa de los palestinos.

“Coalición de países” en Bogotá

Abogada italiana, de 48 años, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados ha hecho noticia porque además en el mundo entero se levanta un movimiento, que incluyen firmas, pidiendo que le den a ella el Premio Nobel de la Paz y no al presidente Donald Trump tal y como promueven algunos de los socios occidentales del republicano.

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Hace unos días estuvo en Colombia, donde junto a delegados de 30 países participaron de una conferencia de emergencia sobre la situación en Gaza. La coalición de países, encabezada por Sudáfrica y Colombia, se comprometió a suspender las ventas de armamento militar a Israel y cumplir con la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En Bogotá, Albanese volvió a insistir que todos los países están obligados a tomar medidas contra la ocupación israelí de Palestina y “la masacre del pueblo palestino”.

 “Cada Estado debe revisar y suspender de inmediato todos sus vínculos con el Estado de Israel, las relaciones militares, estratégicas, políticas, diplomáticas y económicas, tanto de importación como de exportación, así como asegurarse de que sus sectores privados, aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, universidades y otros proveedores de bienes y servicios en la cadena de suministro, hagan lo mismo”.

¿Quién es Francesca Albanese?

En el sitio web oficial de la oficina de derechos humanos de la ONU se detalla que es becaria afiliada del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown y cofundadora de la Red Global sobre la Cuestión de Palestina (GNQP), un organismo de profesionales y académicos dedicados a Israel/Palestina.

Ha publicado ampliamente sobre la situación jurídica de Israel/Palestina e imparte clases y conferencias sobre Derecho Internacional y Desplazamiento Forzado en universidades europeas y árabes. Y participa con frecuencia en conferencias y actos públicos sobre la situación jurídica de Palestina.

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Además, es licenciada en Derecho por la Universidad de Pisa y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Londres SOAS, ha trabajado una década como experta en derechos humanos para las Naciones Unidas.

Además de asesorar a la ONU, ha hecho lo mismo con gobiernos y sociedad civil en Oriente Medio, el Norte de África y Asia-Pacífico, sobre la aplicación de las normas de derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables, como los refugiados y los migrantes.

Un informe avasallador

El detonante de las actividades de la experta italiana en temas palestinos se dio en febrero pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció que tomaría el control de la Franja de Gaza y reubicaría a sus habitantes en otros lugares, en un respaldo a las políticas de Israel para el territorio palestino.

Albanese entonces arremetió contra esa política y no dudó en calificarla de apartheid.

La acción que causó más impacto fue un informe presentado el 30 de junio.

Allí -lo que más  enfureció en Israel  y EEUU- fue el argumento de que Palestina se ha convertido en el epicentro de un ajuste de cuentas global y que hay empresas que se benefician de la ocupación israelí gracias a “una economía de genocidio”.

“Los actores corporativos están profundamente entrelazados con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio en el territorio palestino ocupado”, afirmó Albanese.

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En seguida, identificó a 48 empresas armamentísticas, tecnológicas, de construcción e infraestructuras, extractivas, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades, hasta organizaciones caritativas. En su listado mencionó a gigantes de la talla de BlackRock o Vanguard Group. También Amazon, Mekorot, Chevron, entre otros conglomerados.

Identificó asimismo a tecnológicas que utilizaron datos palestinos para la guerra de inteligencia artificial; a las firmas de energía que han alimentado el bloqueo israelí; a las constructoras que dieron equipo para reducir a escombros Gaza.

Incluso, Albanese señaló a actores aparentemente neutrales como sitios turísticos, supermercados y universidades. “Están normalizando el apartheid y la eliminación sistemática de la vida palestina”, le dijo al mundo.

Reacción de EEUU e Israel

La relatora Albanese ha hecho “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para incitar a la Corte Penal Internacional a tomar medidas contra funcionarios, empresas y directivos de Estados Unidos e israelíes”, denunció un indignado jefe de la diplomacia de EEUU, Marco Rubio.

Aseguró que fue ella que  recomendó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu.

“Sus actividades son sesgadas y maliciosas”, “ha escupido un antisemitismo flagrante (y de)”, añadió, precisando también que ha mostrado su desprecio por Estados Unidos al escribir “cartas amenazantes” a empresas estadounidenses con, según Rubio, acusaciones infundadas.  “No toleraremos estas campañas de guerra política y económica”, advirtió.

Ha proclamado que ella muestra un “abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente”.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, se sumó al ataque:  “Albanese ha socavado constantemente la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al promover narrativas falsas”.

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La Administración de Trump la despojó de su visa, le prohibió entrar a EEUU y le bloqueó cualquier bien o activo que tuviese en ese país.

Albanese dice que la medida “es muy seria” y la afecta. “Es una clara violación de la convención de Naciones Unidas sobre la inmunidad de funcionarios como yo”.

Y ha agregado que en realidad no es una sanción solo para ella. Es una advertencia, dice, para todo el que defienda el derecho internacional y los derechos humanos. “No podemos darnos el lujo de callarnos”.