Gobierno de Milei anuncia privatización de AySa, empresa pública encargada del servicio de agua potable en Argentina

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a 11.2 millones de personas en Buenos Aires y su periferia. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el plan prevé transferir el 90% del capital accionario —actualmente en manos del Estado— a operadores privados mediante una licitación internacional, mientras el 10% restante se mantendrá en poder de los trabajadores.

La medida se enmarca en la ley Bases, aprobada en 2024, que incluye a AySA entre las empresas sujetas a privatización. Adorni justificó la decisión al señalar que, desde su reestatización en 2006, la compañía requirió aportes estatales por US$13.400 millones y acumuló una morosidad del 16% entre sus usuarios. "Buscamos modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio", afirmó.

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¿Por qué el Gobierno de Milei apuesta a privatizar AySA?

La administración de Milei argumenta que la gestión estatal de AySA generó un déficit crónico y un deterioro en la infraestructura. Datos oficiales indican que, entre 2006 y 2023, la empresa no logró superávit operativo —excepto en 2024— y su dotación de personal creció un 90%, con lo que alcanzó los 7.799 empleados en 2023. Tras recortes, la planta actual suma 6.200 trabajadores.

El modelo elegido replica parcialmente la concesión a la francesa Suez (1993-2006), que el gobierno de Néstor Kirchner revirtió. "El Estado es mal gestor. La privatización atraerá inversión extranjera y reducirá la carga fiscal", sostuvo Adorni. Sin embargo, críticos señalan que, durante la era privada, la expansión del servicio fue desigual y las tarifas aumentaron.

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Tarifas, empleo y obras: así podría afectar a los usuarios la privatización del agua en Argentina

Los usuarios enfrentan dos cambios inmediatos: ajustes tarifarios y posibles modificaciones en la atención. Según el Observatorio de Tarifas de la UBA, las facturas de AySA ya subieron 362% desde diciembre de 2023, eliminando subsidios. El nuevo operador podría implementar cortes por falta de pago, una práctica hoy restringida para residencias.

En cuanto a empleos, el Gobierno descartó despidos masivos, aunque la licitación no garantiza estabilidad. La cobertura de cloacas (62.8%) y agua (75.1%) —con desigualdades en municipios periféricos— será otro desafío. "El contrato exigirá metas de inversión en infraestructura", adelantaron fuentes oficiales, sin detallar plazos.