Enfermera es condenada a 6 años de cárcel tras revisar historiales clínicos sin consentimiento: pagará más de US$20 mil

Una enfermera ha sido condenada a seis años y medio de prisión por acceder sin autorización al historial clínico de una mujer y su hijo. Este caso resalta la importancia de la protección de datos personales en el ámbito de la salud.

La sentencia se dictó tras comprobar que la acusada accedió al historial médico de la denunciante en al menos ocho ocasiones, violando así la normativa de confidencialidad. Las fechas de acceso incluyen el 21 de julio de 2016, el 2 de enero de 2018, el 6 de abril de 2018 y el 18 de septiembre de 2018, lo que evidencia un patrón de conducta inapropiada.

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Este tipo de delitos no solo afectan la privacidad de los pacientes, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud. La condena impuesta busca enviar un mensaje claro sobre la seriedad de la protección de datos en el sector sanitario.

Acceso indebido a historiales clínicos

La enfermera, cuyo nombre no ha sido revelado, fue acusada de acceder a información sensible sin el consentimiento de los involucrados. La investigación reveló que el acceso no autorizado se realizó en múltiples ocasiones, lo que llevó a la denuncia formal por parte de la afectada.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien comenzó a sospechar que su historial médico había sido consultado sin autorización. Esta inquietud surgió tras escuchar comentarios sobre la salud de su hijo en el entorno escolar, lo que llevó a la afectada a solicitar una revisión de los accesos a su expediente clínico.

Inicialmente, la enfermera y la madre del menor mantenían una relación de amistad, la cual se deterioró en junio de 2018 tras un conflicto relacionado con una excursión escolar. A partir de ese momento, no existía justificación para que la enfermera continuara accediendo a los datos médicos de la familia, lo que se convirtió en un punto clave en el juicio.

Decisión del tribunal

Durante el juicio, la defensa de la enfermera argumentó que los accesos realizados antes de julio de 2018 pudieron haber sido autorizados verbalmente. Sin embargo, el tribunal concluyó que los accesos posteriores fueron irregulares, dado que la relación entre ambas había cambiado y no había ninguna autorización que justificara las consultas.

El tribunal determinó que los hechos constituían un delito de acceso indebido a datos reservados, agravado por la condición de funcionaria pública de la acusada. Este caso subraya la importancia de la protección de datos personales, especialmente en el ámbito de la salud, donde la intimidad de los pacientes debe ser resguardada con rigor.