Bukele retira el bitcoin como moneda oficial de El Salvador luego de adoptarla por casi 4 años

El Gobierno de El Salvador ha decidido retirar al bitcoin la categoría de moneda de curso legal, casi cuatro años después de ser el primer país del mundo en adoptar este criptoactivo. La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, y modifica seis artículos de la Ley Bitcoin, eliminando tres de ellos. Ahora, el uso del bitcoin será opcional, tanto para ciudadanos como empresas privadas.

La medida llega en un momento crucial para la economía salvadoreña, que enfrenta altos niveles de endeudamiento y está negociando un préstamo de 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como parte del acuerdo técnico alcanzado en diciembre de 2024, el FMI había solicitado mitigar los riesgos asociados al bitcoin para otorgar el financiamiento. Esta decisión busca satisfacer esas condiciones.

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¿Por qué El Salvador ha dejado de usar el bitcoin como moneda oficial?

El presidente Nayib Bukele impulsó la adopción del bitcoin en septiembre de 2021 con el objetivo de atraer inversión extranjera y fomentar la inclusión financiera. Sin embargo, el uso real de la criptomoneda fue limitado, lo que Bukele reconoció en una reciente entrevista con la revista Time. "El bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos", admitió el mandatario.

El cambio en la legislación también responde a la presión del FMI, que veía riesgos en la política de criptoactivos del país. Con la reforma, se asegura que los pagos de deuda e impuestos solo puedan realizarse en las monedas pactadas inicialmente, excluyendo al bitcoin. Julia Evelin Martínez, economista y exprofesora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, explica: "La clave es que desaparece el concepto de moneda. Por ejemplo, el euro se puede usar si ambas partes están de acuerdo, pero no es obligatorio aceptarlo".

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¿Qué establece la nueva reforma de la Ley Bitcoin?

Con la reforma, el bitcoin sigue siendo un activo con "curso legal", pero ya no es considerado una moneda oficial. Antes, la ley obligaba a empresas e instituciones públicas a aceptar la criptomoneda, salvo que carecieran de la tecnología necesaria. Ahora, esta aceptación es completamente voluntaria.

Uno de los artículos más polémicos fue el que mantiene el término "de curso legal", pero elimina el concepto de "moneda". El abogado constitucionalista Enrique Anaya señaló: "¿Qué es eso de que el bitcoin se regula como 'de curso legal'?", cuestionando la ambigüedad de la redacción. Tanto Martínez como Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, coinciden en que la nueva ley puede generar confusión.

Por otro lado, la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, afirmó que el país seguirá siendo "Bitcoin Country" debido a sus reservas en criptomoneda, que se ampliarán con el tiempo. Según Mayorga, "esta es la decisión que se tomó en la Asamblea, pero eso no quiere decir que el país vaya a dejar de tener una reserva bitcoin".

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¿Cómo afecta esta decisión a la economía salvadoreña?

La modificación de la Ley Bitcoin se considera un paso clave para obtener el respaldo financiero del FMI, así como posibles apoyos adicionales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones podrían ofrecer un paquete de financiación superior a 3.500 millones de dólares, lo que daría un alivio importante a la economía del país.

El Salvador enfrenta desafíos económicos significativos. En 2023, registró un déficit comercial de más de 8.000 millones de dólares, lo que se compensa en parte con remesas. Entre enero y julio de 2024, estas transferencias alcanzaron 4.756 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).

A pesar de estos ingresos, el 52 % de la población vive en situación de estrés alimentario, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que incluyó a El Salvador en su lista de países críticos a monitorear. En este contexto, la reforma busca estabilizar la economía y garantizar acceso a financiamiento internacional, aunque persisten los desafíos estructurales.