Daniel Ortega, todo el poder en sus manos
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, controla todo en su país: la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los organismos electorales, el Ejército y la Policía. En lo que va de su Gobierno, ha cerrado más de 5.000 organizaciones civiles que podían significar una voz crítica al régimen. Gobierna con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y con el apoyo de sus hijos e incondicionales. Se dice que, en su ausencia, el poder quedará en familia.
“Si aúllan los perros, es porque caminamos”, dijo esta semana Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ante las críticas que voces opositoras le han hecho a su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, tras el despido masivo de empleados públicos que le atribuyen a ella. Como todo gobernante autócrata, Ortega —en el poder desde el 2007 y con tres reelecciones a cuestas— no soporta las voces disidentes.
Ese afán de acallar las críticas lo llevó a comienzos de semana a ordenar el cierre de 1.500 organizaciones civiles, muchas de ellas vinculadas a cultos católicos y evangélicos, por no estar alineadas con el Gobierno. Ahora las que se queden operando deberán trabajar en ‘alianza’ con el Estado.
“Hasta el momento y desde el 2018 se han cancelado más de cinco mil organizaciones. De toda índole: religiosas, empresariales, de mujeres, de derechos humanos, medio ambiente, etc. Es una estrategia para acabar con el espacio cívico en Nicaragua, del derecho de asociación, de reunirse para un fin, ya sea humanitario o de defensa de derechos humanos. El fin es el control de estas instituciones”, explica Yader Valdivia, miembro del Colectivo de DDHH ‘Nicaragua Nunca Más’ y exiliado él mismo, como muchos nicaraguenses, en Costa Rica.
Lo que va a pasar con las pocas ONG que quedan es que las nuevas normas dadas sobre el tema las obligan a trabajar con organizaciones del Gobierno, con lo que pasan de ser ‘no gubernamentales’ a ser progubernamentales. Con el lógico control oficial de los fondos e información que manejaban.
El gobierno de Ortega ha encarcelado sacerdotes y cerrado templos católicos. Foto: AFP
Muchas de las organizaciones cerradas esta semana son Iglesias evangélicas que son muy activas en los barrios, las comunidades, los municipios y para funcionar debían crearse como asociaciones. Pero a Ortega y su cúpula no les agradaba la idea de personas reuniéndose o concentrándose de manera autónoma aunque fuera por motivos religiosos, con lo cual le dieron el zarpazo a cientos de ellas. La Iglesia católica, por su parte, que tiene una posición clara de defensa de los derechos humanos, recibe ataques y detenciones desde hace varios años.
Al respecto, días antes del cierre de estas ONG dos sacerdotes católicos habían sido detenidos y expulsados del país.
Represión dictatorial
Muchas de estas decisiones no solo lo tienen a Ortega como protagonista, sino que la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, cogobierna con él y tiene gran injerencia en las decisiones del más alto nivel. Es la primera dama, la vicepresidenta, la vocera oficial y la acompañante permanente de su marido. A pesar de sus creencias esotéricas y arrebatos místicos sería la primera opción en la sucesión de Daniel Ortega, según los analistas.
“Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50. Aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario”, dijo Daniel Ortega el 2021, en plena campaña para su cuarto mandato sucesivo. Para entonces habían ocurrido las protestas del 2018, que se saldó con una represión que dejó por lo menos 300 muertos. Y ya en el papel de autócrata, Ortega ganó la elección del 2022 metiendo presos a los siete candidatos opositores por ‘traición a la patria’ y otros cargos. Según la encuestadora Gallup, cualquiera le hubiera ganado.
Por lo menos, 140 opositores políticos están presos y acusados sin el debido proceso en Nicaragua. Foto: AFP
Desde entonces hasta la fecha, hay más de 140 opositores detenidos por razones políticas, pero esta cifra estaría por debajo de la realidad: “Nosotros como organización de derechos humanos tenemos testimonios de personas detenidas por razones políticas que no están en esa lista”, dice Yader Valdivia, de “Nicaragua Nunca más”. Unos 263 periodistas han abandonado Nicaragua desde el 2018, otros 300 políticos, intelectuales y activistas fueron expulsados del país el año pasado, y 30 sacerdotes fueron encarcelados y luego los dejaron salir al Vaticano. “En las últimas dos semanas hemos recibido a 15 periodistas en Costa Rica”, cuenta Valdivia.
Los únicos medios de comunicación que existen en Nicaragua son los de farándula o los alineados al Gobierno. Varios canales pertenecen a los hijos del matrimonio en el poder.
Por los sucesos del 2018, Ortega y Murillo han sido acusados por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad, e instituciones como Amnistía Internacional dicen que conocen de ejecuciones extrajudiciales. Igual que en Venezuela, los Estados Unidos y la comunidad internacional calificaron su última reelección como un proceso fraudulento, hubo condena de la OEA y ha sufrido sanciones económicas. También se le acusa de corrupción y negocios ilícitos: su familia participa en contratos de Gobierno. Pero Ortega sigue en el poder.
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Dinastía dictatorial
El mes pasado, el comisionado general y jefe de la escolta personal de Ortega, Marcos Acuña fue destituido de su cargo tras una discusión con Rosario Murillo, lo que habla del poder de la vicepresidenta. El oficial había trabajado 25 años al servicio del mandatario y era más afín a él que a ella. El hermano de Daniel, Humberto Ortega, tampoco se llevaba bien con la primera dama y hoy sufre arresto domiciliario tras decir en mayo pasado que Daniel no tiene sucesores y que ante su muerte habría caos y anarquía. El dictador acusó de “traición a la patria” a su propio hermano.
El jefe de la guardia personal de Ortega, Marcos Acuña Avilés, fue separado de su cargo por sus diferencias con Rosario Murillo, esposa del dictador. Foto: AFP
Para Ortega la sucesión está en primer lugar en su esposa Rosario Murillo. De los nueve hijos del matrimonio, ocho son parte del Gobierno como ‘asesores presidenciales’. Uno de ellos, Laureano Ortega, es el negociador oficial de Nicaragua para suscribir convenios y acuerdos con los Gobiernos chino y ruso. Es también considerado el ‘delfín’ futuro. Todos los hijos y sus familias, a excepción de uno, viven en el complejo residencial El Carmen, construido en torno a la casa que Ortega le confiscó en 1979 al banquero Jaime Morales Carazo.
Para asegurar las lealtades, y con ello el poder, “Ortega ha eliminado el relevo periódico (que era cada cuatro años) en la jefatura castrense. Los máximos y leales jefes del Ejército llevan 17 años siendo “reelegidos” en sus cargos, igual que el presidente”, cita un reportaje de la agencia alemana Deutsche Welle.
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En la elección del 2022, Ortega y el Frente Sandinista se aseguraron 75 de los 90 escaños de la Asamblea Nacional, y controlan también la justicia y los organismos electorales. Todo con mano de hierro.
“En Nicaragua, incluso, los medios de comunicación internacional como Univisión, CNN o Telemundo, que han abordado la situación de Nicaragua están censurados en el cable”, señala el activista Yader Valdivia. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas están impedidas de ingresar al país. Nicaragua es hoy una nación secuestrada.