Australia evalúa enviar a prisión a quienes vuelvan de país de alto riesgo

El Gobierno de Australia está considerando la posibilidad de convertir en delito penal el volver a la nación desde lugares de alto riesgo epidemiológico por la pandemia del coronavirus, según reveló The Guardian.

La iniciativa se desarrolla luego de que dos jugadores de críquet australianos que habían permanecido en India regresaran a casa el último jueves después de circular por Qatar, a pesar de que las autoridades prohibieron todos los vuelos directos desde el país asiático azotado por la COVID-19.

De acuerdo con el medio británico, la gestión del primer ministro australiano, Scott Morrison, está evaluando la opción de criminalizar los retornos desde naciones que atraviesan brotes graves del virus.

La Ley de Bioseguridad actualmente permite a las autoridades gubernamentales exigir a un ciudadano que proporcione datos de contacto, actualizar periódicamente a un efectivo sobre su condición de salud y restringir el movimiento de la persona durante un lapso determinado.

Además de las regulaciones de control, las normas le dan al ministro de Salud la posibilidad de definir las emergencias de bioseguridad. Estas licencias le permiten al alto funcionario “determinar cualquier requisito que él o ella considere necesario” para evitar la expansión de enfermedades.

Los delitos de incumplimiento se sancionan con cinco años de prisión o una multa de 63.000 dólares australianos. Los mismos castigos se aplican al quebrantamiento de una orden de control.

Pero las facultades están sujetas a salvaguardias de que los requisitos impuestos por el titular de Salud deben ser “susceptibles de ser efectivos”, ser “apropiados y adaptados” a su propósito y “no ser más restrictivos o intrusivos de lo que se requiere en las circunstancias”, detalló The Guardian.

Australia suspendió los vuelos de repatriación comerciales y gubernamentales directos desde la India hasta mediados de mayo, teniendo en cuenta la dramática escalada de casos y decesos por SARS-CoV-2.

Esta disposición deja en el limbo a más de 9.000 ciudadanos australianos que se han registrado en el Departamento de Relaciones Exteriores.

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