
Un tribunal federal anunció una orden judicial preliminar que impide al gobierno del presidente Donald Trump seguir con su práctica de detener en el sur de California a inmigrantes de manera injustificada y discriminatoria por motivos raciales, a excepción de que este arresto se realice en un puerto de entrada, puesto de control u otro equivalente funcional de la frontera sur.
"Un agente o funcionario de inmigración debe considerar la totalidad de las circunstancias y no puede basarse únicamente en la condición aparente de persona de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, incluso cuando un objetivo identificado sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latino", indicó la orden judicial.
Inicialmente debes saber que la instrucción del tribunal federal se aplicará al Distrito Central de California, que incluye los condados de Los Ángeles, Riverside, Orange, San Bernardino, Ventura, San Luis Obispo y Santa Bárbara.
"Esta orden reconoce que los delincuentes armados que atacaron y secuestraron a miembros de la comunidad latina en el sur de California simplemente estaban aplicando perfiles raciales a tantas personas como pudieron arrestar, una práctica que viola múltiples disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos”, declaró el director de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, Mohammad Tajsar.
Asimismo, la demandante en el caso, la directora ejecutiva de Carwash Worker Center (CLEAN), Flor Meléndrez, indicó que, durante más de un año, los agentes han estado presentándose en lavaderos de autos para poder arrestar a trabajadores inmigrantes sin una orden judicial, sin preguntarles si tenían alguna familia o un hogar al cual regresar.
"Nuestra comunidad luchó por esta protección y exigiremos que el gobierno la cumpla en cada calle y en cada lavadero de autos", agregó Meléndrez, quien también es miembro de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles.
Por su parte, la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, también emitió una declaración luego de conocer que un juez federal prohibió que los agentes del ICE arrestaran a personas basándose en sus perfiles raciales.
"Los agentes de ICE no se están enfocando en delincuentes violentos. Están aplicando perfiles raciales a nuestros residentes latinos: deteniendo a personas por su apariencia, su forma de hablar o su lugar de trabajo", señaló la supervisora.
Además, la presidenta de United Farm Workers (UFW), Teresa Romero, una de las demandantes en el caso, dijo que, mientras los trabajadores agrícolas de todo el estado continúan siendo aterrorizados por el aumento de agentes del ICE, estos también son dirigidos a estas comunidades, por lo que solo les queda confiar en los tribunales para poder defender sus derechos.

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