Padres de la presentadora Brunella Horna son investigados por presunto lavado de activos vinculados a EsSalud

La Fiscalía de Lambayeque abrió una investigación contra Gustavo Horna y Juliana Bocanegra, padres de la presentadora de televisión Brunella Horna y suegros de Richard Acuña, hijo de César Acuña, por presunto lavado de activos. El caso se centra en contratos millonarios adjudicados a consorcios vinculados a la familia para abastecer hospitales de EsSalud en la región.

Las pesquisas revelan que las adjudicaciones superan los S/ 2 millones en el Hospital Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo y más de S/ 500.000 en el Hospital Arbulú de Ferreñafe. La magnitud de los montos y los vínculos empresariales han colocado nuevamente el apellido Horna en el centro de la polémica.

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Empresas vinculadas a los padres de Brunella Horna bajo la lupa

Uno de los consorcios investigados es el Consorcio del Norte, donde figura Magna Sánchez Terán, allegada a la familia Horna. Ella aparece como accionista de Inversiones de Alimentos del Norte, compañía que obtuvo la buena pro pese a que su razón social corresponde a una empresa textil de Juliana Bocanegra, sin experiencia previa en el rubro de alimentación hospitalaria. La Contraloría detectó además que el número telefónico registrado en el sistema de contrataciones estatales pertenece a Gustavo Horna, lo que refuerza las sospechas de un vínculo directo con los contratos.

El documento fiscal, de acuerdo con un reportaje de ‘Ocurre Ahora’, conducido por Mávila Huertas, también menciona a Geraldín Salvo, gerente general de la empresa FID y socia mayoritaria del consorcio; Luis Dávila, otro de los socios vinculados; y Jorge Ferré Pita, accionista de una de las compañías observadas y trabajador de una boutique relacionada con Brunella Horna, esposa de Richard Acuña. Asimismo, aparece Erika López Cajas, administradora de salud en Lambayeque, cuestionada públicamente por su gestión. En protestas recientes contra su administración, incluso se utilizó un burro como símbolo de rechazo a los contratos investigados.

La fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil dispuso que la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional realice diligencias durante 60 días para esclarecer las adjudicaciones. El objetivo es determinar si existió colusión o negociación incompatible en los contratos. EsSalud, a través de un comunicado, aseguró que “se ha dispuesto la revisión documentaria de todos los contratos” y reafirmó su compromiso con la transparencia.