
El proyecto que plantea autorizar un noveno retiro de los fondos de las AFP, de hasta S/22.000, permanece sin fecha de debate en la Comisión de Economía del Congreso.
La iniciativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone liberar parte de los ahorros previsionales ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todavía no cuenta con una evaluación técnica ni un dictamen que permita avanzar hacia su discusión legislativa.
La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, ingresó al Parlamento el 1 de octubre y fue derivada a la Comisión de Economía al día siguiente.
El texto legislativo plantea un retiro voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000. El dinero se entregaría en cuatro desembolsos de hasta S/5.500 cada uno, con intervalos de 30 días calendario entre pagos.
Los afiliados tendrían un plazo de 90 días para presentar sus solicitudes, ya sea de manera presencial o virtual, ante sus respectivas administradoras de fondos de pensiones.
Además, podrían desistir del retiro por única vez, siempre que comuniquen su decisión a la AFP con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha del siguiente desembolso.
La propuesta justifica esta medida en la necesidad de brindar liquidez a los hogares frente a los posibles daños que ocasionaría El Niño. Entre los gastos considerados figuran la protección de viviendas, la reparación de techos y el reforzamiento de estructuras ante lluvias intensas o periodos de sequía.
La propuesta también enfrenta reparos desde el ámbito económico. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expresó su rechazo al considerar que estos desembolsos
reducen los recursos disponibles para financiar las jubilaciones. "Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones", sostuvo en una entrevista.
El titular del MEF también advirtió sobre las posibles consecuencias en la liquidez del sistema y en el financiamiento de créditos de largo plazo. Su preocupación apunta a que las AFP podrían necesitar vender parte de sus inversiones para atender los retiros solicitados por los afiliados.
El proyecto todavía debe recibir las opiniones de las entidades consultadas y pasar por la evaluación de la Comisión de Economía. El 13 de octubre, este grupo de trabajo solicitó informes técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Cenepred.
El plazo inicial de 15 días otorgado para remitir estas respuestas ya había transcurrido al 9 de noviembre, sin que la iniciativa registrara avances hacia su debate. Tampoco se había anunciado una fecha para su sustentación o votación.
Si obtiene un dictamen favorable, la propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo después de superar esas instancias podrá llegar al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla u observarla.

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