Petroperú: cuestionan entrega de Talara a operador privado pese a recuperación financiera y piden fiscalizar crédito

La recuperación financiera de Petroperú no ha despejado las dudas sobre el futuro de la refinería de Talara. Pese a que la petrolera estatal registró una utilidad neta de US$144,9 millones al cierre de septiembre de 2026, el Gobierno mantiene en marcha un proceso de reorganización patrimonial que abre paso a cambios en la gestión de sus activos.

Talara concentró el 65% de las ventas de combustibles atendidas por Petroperú entre enero y septiembre de este año, según información proporcionada por la empresa a este diario. Su peso en el negocio de la petrolera pone en discusión el alcance de los cambios que se plantean para su administración y las consecuencias que tendrían sobre sus operaciones.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestiona la falta de información sobre este proceso y pide al Congreso y a la Contraloría fiscalizar el financiamiento de US$475 millones recibido por la estatal. Entre sus principales preocupaciones están el destino de ese dinero, las obligaciones financieras que mantiene la compañía y los efectos que tendría la incorporación de operadores privados en la refinería.

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Los cuestionamientos surgen después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, calificara como prometedores los primeros resultados de la estabilización de Petroperú. El 6 de noviembre proyectó que la empresa cerraría el año con ganancias y señaló que uno de los objetivos del Gobierno es reducir su dependencia de recursos estatales. Al día siguiente, volvió a destacar que la petrolera había logrado estabilizarse.

Sin embargo, la recuperación de sus resultados no ha resuelto los problemas de liquidez ni las interrogantes sobre el futuro de Talara. Para los trabajadores, antes de avanzar con cambios en la gestión de la refinería, el Estado debe explicar bajo qué condiciones se tomarían esas decisiones y qué beneficios obtendría Petroperú.

Petroperú recupera ganancias, pero mantiene un déficit de capital de trabajo de US$1.364 millones

Al cierre de septiembre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de US$144,9 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por US$355 millones. Además, alcanzó un EBITDA de US$654 millones.

Sin embargo, la situación financiera todavía presenta limitaciones. La compañía mantiene un capital de trabajo negativo de US$1.364,6 millones. La propia gerencia ha reconocido que las restricciones de liquidez afectaron la compra de crudo, la producción y las ventas.

La organización considera que la petrolera habría podido alcanzar mejores resultados si hubiera contado con financiamiento oportuno. En esa línea, cuestiona si las decisiones y los plazos establecidos por ProInversión durante la reorganización limitaron la compra de materia prima y afectaron la capacidad operativa de Talara.

La refinería también cumple un papel estratégico por su tecnología Flexicoking, que permite transformar residuos pesados del petróleo en combustibles de mayor valor. Su producción abastece a plantas del norte y la Amazonía, además de terminales de la costa.

Por ello, el gremio advierte que un cambio en su gestión podría afectar el suministro y los ingresos de Petroperú, especialmente ante los riesgos que un eventual fenómeno El Niño representa para la infraestructura y las operaciones.

Crédito de Petroperú por US$475 millones: piden explicar costos y destino de los recursos

La obtención del financiamiento también genera interrogantes. Petroperú anunció inicialmente un monto de hasta US$500 millones, pero finalmente recibió US$475 millones. Según Fenpetrol, ProInversión explicó que la diferencia de US$25 millones correspondía a costos financieros. Frente a ello, la federación exige conocer los contratos, las comisiones, los honorarios y los comprobantes que sustenten ese desembolso.

A esa operación se suma la deuda de largo plazo vinculada al Proyecto Modernización Refinería Talara. Petroperú informó a este diario que, al 30 de septiembre de 2026, esta obligación ascendía a US$3.650 millones y comprendía el financiamiento de CESCE y los bonos emitidos por la compañía.

Sobre este punto, reclaman que se hagan públicas las comunicaciones con los bonistas en Estados Unidos, ante las versiones sobre su preocupación por los anuncios de participación privada en Talara. También pide precisar quién asumirá el pago de esa deuda, qué ingresos respaldarán las obligaciones y qué garantías se ofrecerán en el marco de la reorganización.

Reorganización de Petroperú: cuestionan resultados de ProInversión y piden aclarar deuda

El avance del proceso encargado a ProInversión también está bajo cuestionamiento. Tras cerca de un año de trabajo, uno de los resultados comunicados por la entidad fue la adjudicación de dos inmuebles en agosto, el chalet Paillardelle, en San Isidro, y el ex Petrocentro Cañete, por US$1,18 millones en conjunto. Ante estos resultados, la federación exige un balance de las ventas y transferencias realizadas, los ingresos que recibió Petroperú y los resultados financieros de la reorganización, antes de avanzar sobre activos de mayor valor estratégico.

A estas observaciones se suma la preocupación por el abastecimiento de petróleo, pues el gremio pide esclarecer si los productores de los lotes de Talara están exportando crudo que podría venderse a Petroperú y si ello obliga a la estatal a importar materia prima a mayor costo. Para determinarlo, reclama información sobre los volúmenes de producción, los precios y las condiciones comerciales.

En el plano legal, la federación también cuestiona la demora del Tribunal Constitucional en resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuya causa quedó al voto en agosto. Considera que la norma afecta los derechos laborales y facilita una privatización encubierta de la petrolera, por lo que exige un pronunciamiento antes de que termine su vigencia, prevista para el 31 de diciembre de este año.

La federación pide que los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas establezcan una posición conjunta sobre el futuro de Talara. También reclama que el Congreso y la Contraloría fiscalicen, dentro de sus competencias, el financiamiento recibido, el abastecimiento de crudo y las decisiones adoptadas durante la reorganización.

Mientras el Gobierno destaca la recuperación de los resultados de Petroperú, sigue pendiente explicar bajo qué condiciones se incorporaría capital privado a sus activos, cómo se atenderán las deudas asociadas a Talara y qué beneficios concretos obtendría la empresa.