
La exportación de oro de origen ilegal ya representa más de la mitad de los envíos del Perú. En el primer semestre de 2026, alcanzó el 54% del volumen total, mientras que las exportaciones legales retrocedieron. Para el cierre del año, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que el oro ilegal podría superar las 110 toneladas y generar al menos US$16.000 millones.
Este avance se da en un contexto que favorece la expansión de esta actividad. El precio internacional del oro sigue en niveles récord, mientras el Estado enfrenta dificultades para frenar la minería ilegal. Si la tendencia continúa, el volumen de oro de origen ilegal podría superar las 120 toneladas al cierre del año, advierte el IPE.
Entre enero y junio de 2026, las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4%, mientras que los envíos de origen legal disminuyeron 5,9%. La diferencia llevó a que el oro ilegal superara al legal en 8,7 toneladas durante el primer semestre y concentrara el 54% del volumen exportado.
El IPE estima que esta proporción podría mantenerse al cierre del año. Sus cálculos apuntan a un volumen de entre 110 y más de 120 toneladas de oro ilegal, equivalente a entre 52% y 55% de todas las exportaciones peruanas del metal.
El resultado marca un cambio importante en la composición de las exportaciones auríferas. Recordemos que en 2025, el IPE había advertido que el oro ilegal podía alcanzar niveles similares al de origen legal, en un contexto de fuerte expansión de esta actividad.
El aumento de la cotización internacional ha convertido al oro en un incentivo todavía mayor para la extracción ilegal. En lo que va del año, el precio promedio se ubicó en unos US$4.500 por onza, 44% por encima del promedio registrado en el mismo periodo de 2025, cuando rondó los US$3.125.
Con estos precios y el volumen proyectado, el valor de las exportaciones de oro ilegal llegaría a por lo menos US$16.000 millones y podría superar los US$18.000 millones. El instituto calcula que el monto mínimo sería casi nueve veces superior al registrado una década atrás y 39% mayor que los US$11.500 millones estimados para 2025.
Uno de los principales cuestionamientos del IPE apunta al funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para facilitar el tránsito de los mineros informales hacia la legalidad. Según el instituto, solo alrededor del 2% de los inscritos habría culminado el proceso, pese a sus sucesivas ampliaciones.
El análisis advierte que esta situación dificulta el control de actividades que permanecen dentro del proceso de formalización y que pueden avanzar sobre zonas restringidas, como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.
El IPE también identifica riesgos para operaciones formales como Poderosa y Las Bambas, además de proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. En conjunto, estima más de US$12.000 millones en inversiones expuestas.
Ante ello, el reporte plantea reformar el esquema con plazos definidos, mayor fiscalización y trazabilidad del oro. El Ejecutivo, por su parte, ha solicitado facultades para modificar las reglas de formalización y prepara una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).





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