Comisión de Constitución: congresistas alertan que cambios en tasas y factoring beneficiarían a grandes financieras

El pedido de facultades legislativas sustentado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, generó cuestionamientos en el Congreso por el posible impacto de algunas de las medidas propuestas sobre el mercado financiero. La diputada Jésica Pérez, de Juntos por el Perú, advirtió que el fortalecimiento del factoring y una eventual eliminación del tope a las tasas de interés podrían terminar beneficiando principalmente a las grandes financieras.

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La observación se produjo durante la presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución, donde expuso los cambios que el Ejecutivo busca impulsar en materia económica. Entre sus propuestas figuran modificaciones al régimen tributario de las mypes, una mayor participación privada en proyectos públicos mediante ProInversión y mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, además de una nueva forma de planificar el presupuesto público. El pedido de facultades también contempla medidas orientadas a facilitar el financiamiento de las mypes, entre ellas el fortalecimiento del factoring, aspecto que fue cuestionado durante el debate parlamentario.

El cuestionamiento al factoring y a las tasas de interés coloca el foco sobre uno de los componentes más sensibles del pedido de facultades: las modificaciones que podrían alterar las condiciones bajo las cuales empresas y ciudadanos acceden al financiamiento.

Cuestionan cambios en el mercado financiero

Pérez sostuvo que el fortalecimiento del factoring, planteado como una herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de las mypes, podría terminar favoreciendo a las grandes empresas financieras. La diputada también cuestionó una eventual eliminación del tope a las tasas de interés por considerar que sus efectos no necesariamente beneficiarían a los pequeños negocios.

El factoring permite que una empresa adelante el cobro de sus facturas pendientes mediante una operación financiera. Para las mypes, este mecanismo puede convertirse en una fuente de liquidez cuando necesitan capital de trabajo y no cuentan con suficiente acceso al crédito tradicional.

Sin embargo, el cuestionamiento planteado en el Congreso apunta a quién capturaría los principales beneficios de una eventual expansión de este mercado. Desde Juntos por el Perú se advirtió que, si las nuevas reglas favorecen principalmente a intermediarios financieros de mayor tamaño, el resultado podría alejarse del objetivo de facilitar financiamiento para las pequeñas empresas.

El debate también alcanzó al límite establecido para las tasas de interés. César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la urgencia de eliminarlo y puso como argumento la concentración del sistema financiero. “¿Qué de urgente tiene en la economía del país eliminar el tope de la tasa de interés de un país con un oligopolio bancario?”, preguntó.

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La discusión sobre este punto todavía corresponde a una propuesta dentro del debate de las facultades y no a una medida aprobada. Por ello, sus efectos dependerían de la forma concreta en que el Ejecutivo plantee modificar las reglas y de los límites que finalmente establezca el Congreso en la delegación legislativa.

Cuba propone un nuevo régimen para las mypes

El debate sobre el financiamiento se vincula con otro de los principales cambios planteados por Cuba: la reforma del régimen tributario de las micro y pequeñas empresas.

El ministro propuso avanzar hacia un régimen único progresivo, con una carga tributaria que aumente gradualmente conforme crezca la empresa. El objetivo es modificar el esquema actual de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que puedan llevar a los negocios a permanecer pequeños o fuera de la formalidad.

Cuba ya había planteado la necesidad de revisar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), creados hace décadas y que, según el Ejecutivo, requieren una actualización. La propuesta forma parte de las materias económicas para las que el Gobierno busca obtener facultades legislativas.

El cambio tendrá que precisar aspectos centrales como los niveles de ingresos que determinarán cada tramo, las obligaciones de las empresas y la forma en que la carga tributaria crecerá conforme aumente su capacidad económica. Por ello, una de las críticas formuladas durante la sesión fue precisamente la falta de detalle sobre algunas de las modificaciones que el Ejecutivo pretende realizar.

Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó la ausencia de mayor precisión sobre la modificación de las rentas. También preguntó qué política contempla el Gobierno respecto a la exoneración del impuesto a los ahorros, cuya vigencia culminaría a fin de año, y consultó qué medida se viene trabajando en materia laboral a través del Consejo Nacional de Trabajo.

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Inversión privada y Servicios por Impuestos

Otro de los ejes planteados por Cuba apunta a aumentar la participación privada en la ejecución de proyectos públicos. El ministro propuso fortalecer el papel de ProInversión y ampliar el uso de mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

La intención es aprovechar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para atender determinadas brechas de infraestructura y servicios. Obras por Impuestos ya permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos bajo un mecanismo de reconocimiento de la inversión realizada, mientras que Servicios por Impuestos amplía esta lógica hacia determinadas prestaciones.

La propuesta de Cuba busca que estas herramientas tengan un papel mayor dentro de la estrategia de inversión pública. El reto será determinar qué proyectos y servicios pueden ser atendidos mediante estos mecanismos y bajo qué condiciones se garantizará que las intervenciones respondan a las prioridades del Estado.

La participación privada no reemplazaría, por tanto, la responsabilidad del sector público de definir las necesidades que deben ser atendidas. La discusión estará en cómo combinar ambos mecanismos y evitar que la búsqueda de una ejecución más rápida termine desplazando criterios de prioridad pública.

Presupuesto con visión multianual

Cuba también planteó modificar la manera en que se formula el presupuesto público. Su propuesta consiste en avanzar hacia una planificación de arriba hacia abajo, con una perspectiva multianual y de largo plazo.

La idea es que primero se definan las prioridades generales del Estado y, a partir de ellas, se distribuya el espacio presupuestario entre las distintas entidades. Esto busca reducir una dinámica en la que cada institución plantea sus necesidades de gasto sin que necesariamente exista una priorización integral de los recursos disponibles.

Una planificación multianual permitiría, en principio, dar mayor continuidad a proyectos que requieren varios años para ejecutarse. Sin embargo, la modificación del proceso presupuestario no resolvería por sí sola los problemas de ejecución. La capacidad técnica de las entidades, la calidad de los proyectos y las dificultades contractuales seguirán influyendo en el resultado final de la inversión pública.

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Congreso cuestiona amplitud de las facultades

Más allá del contenido de las reformas, varios diputados cuestionaron el alcance de la delegación solicitada por el Ejecutivo.

Analí Márquez, de Juntos por el Perú, sostuvo que la amplitud del pedido de facultades resulta desmesurada y advirtió que podría vulnerar el artículo 104 de la Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Graciela Chipana, también de Juntos por el Perú, coincidió con los parlamentarios que reclamaron mayor precisión sobre las medidas que el Gobierno pretende aprobar mediante decretos legislativos.

César Holguín, de Ahora Nación, consideró que el pedido, en términos generales, supone una concentración de poder y cuestionó que exista una “generalidad” que, a su juicio, no contribuiría a la gobernabilidad. También formuló observaciones sobre las materias de tributación y aduanas, además de cuestionar la ausencia de una corrección de las normas vinculadas con riesgo fiscal aprobadas durante el periodo anterior.

Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó, por su parte, que la Cámara de Diputados puede interpelar y censurar a los ministros y que el Parlamento también tiene la posibilidad de modificar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo dentro de las facultades delegadas.

Fernando García, de Buen Gobierno, llevó el debate hacia el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral al citar una declaración atribuida a la senadora Martha Chávez: “cuando llegue al Senado simplemente no le harán caso a lo que vamos a aprobar”.

La sucesión de cuestionamientos evidencia que el debate no se limita a determinar si las propuestas económicas pueden ser convenientes, sino también a establecer qué materias concretas podrá modificar el Ejecutivo y con qué límites.

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución ocurrió mientras la Comisión de Economía tenía prevista su participación para revisar el pedido de facultades. El ministro no acudió a esa sesión porque debía sustentar el pedido ante Constitución. La Comisión de Economía acordó posteriormente debatir y votar su informe técnico sobre las facultades el 14 de setiembre.

El Ejecutivo busca una delegación legislativa por 120 días para intervenir en materias que incluyen mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. Hasta que el Congreso determine el alcance de esa delegación, las modificaciones —incluidas las relacionadas con factoring, tasas de interés, tributación de las mypes, inversión privada y presupuesto— permanecen como propuestas y no constituyen cambios normativos vigentes.