OCDE pide eliminar beneficio tributario de grandes agroexportadoras: pagan 15% de IR pese a su fuerte crecimiento

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional al que Perú busca incorporarse, puso bajo la lupa uno de los principales beneficios tributarios de la agroexportación peruana. En su revisión de la política fiscal del país, recomendó eliminar la tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) que pagan las grandes empresas del sector y aplicarles nuevamente la tasa general de 29,5%.

La diferencia no es menor, ya que mientras una empresa del régimen general tributa con una tasa de 29,5% sobre sus rentas, las agroexportadoras comprendidas en el régimen especial pagan 15%. Para el organismo, este tratamiento dejó de tener una justificación clara para las compañías de mayor tamaño, luego del fuerte crecimiento que ha registrado la actividad durante los últimos años.

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Entre 2011 y 2024, las exportaciones agrícolas aumentaron 363%. Sin embargo, ese crecimiento no se ha reflejado en una mayor recaudación tributaria. En las grandes empresas dedicadas a cultivos de exportación, los impuestos pagados representan apenas el 3% del valor que generan sus actividades, una proporción que el informe considera reducida.

Agroexportadoras pagan 15% de IR y su aporte tributario sigue siendo reducido

Para la organización, mantener una tasa preferencial para empresas que ya tienen capacidad para contribuir termina trasladando una mayor parte de la carga tributaria hacia otras actividades económicas. Por ello, plantea que las grandes agroexportadoras regresen al régimen general, mientras que los incentivos podrían concentrarse en pequeños productores con menor capacidad contributiva.

La tasa reducida, creada en 2001, seguirá vigente hasta 2035. El régimen contempla además otros incentivos, entre ellos la depreciación acelerada para algunas inversiones y beneficios relacionados con el IGV.

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El cuestionamiento ocurre, además, cuando la recaudación peruana continúa siendo baja frente a otros países. El informe calcula que los ingresos tributarios equivalen al 16,3% del PBI, por debajo del promedio de la OCDE, cercano al 35%.

Beneficios tributarios le cuestan al Estado S/1.888 millones al año

El costo de mantener estos tratamientos también aparece en las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con los cálculos citados en el informe, los beneficios tributarios asociados al sector representan una menor recaudación de S/1.888 millones anuales.

La organización sostiene que los incentivos tributarios deberían mantenerse solo cuando resuelvan obstáculos concretos que limiten una actividad, como problemas de infraestructura o capacitación. En el caso de las grandes agroexportadoras, considera que el crecimiento alcanzado durante las últimas décadas hace menos evidente esa necesidad.

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Por esa misma razón, plantea cautela frente a cualquier intento de extender estos beneficios hacia industrias manufactureras vinculadas al agro. Su argumento es que no necesariamente enfrentan las mismas restricciones que la producción agrícola y que ampliar el tratamiento preferencial podría reducir todavía más la base tributaria.

OCDE cuestiona el drawback y pide que la devolución refleje los aranceles reales

La revisión también alcanza al drawback, mecanismo mediante el cual los exportadores reciben una devolución vinculada a los aranceles pagados por insumos importados. El problema está en que el sistema peruano aplica una tasa sobre el valor exportado, en lugar de calcular la devolución exclusivamente sobre los derechos efectivamente pagados.

El organismo encontró que, bajo este esquema, las devoluciones pueden superar ampliamente los aranceles que dieron origen al beneficio. En 2013, por ejemplo, el beneficiario promedio recibió una devolución equivalente a más de tres veces los aranceles pagados; para el 10% de beneficiarios con mayores devoluciones, la relación superó 61 veces.

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Por ello, recomienda reducir la tasa de devolución y avanzar hacia un sistema en el que el beneficio guarde una relación directa con los aranceles realmente pagados. La propuesta, en conjunto con el retiro del IR reducido para las grandes agroexportadoras, apunta a limitar beneficios que, a juicio de la organización, ya no guardan la misma relación con las necesidades que originalmente buscaban atender.