
El Gobierno oficializó la designación de César Luna Victoria como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y de Clara Urteaga como presidenta del Tribunal Fiscal, dos entidades centrales para el funcionamiento del sistema tributario peruano.
Las designaciones fueron publicadas mediante resoluciones supremas en el diario oficial El Peruano, donde se formalizó además la salida de Javier Eduardo Franco Castillo de la jefatura de la SUNAT y el nombramiento de Urteaga en reemplazo de la presidencia encargada que ejercía Luisa Ysila Castillo Soto.
La SUNAT tiene a su cargo la recaudación de tributos internos, la fiscalización de contribuyentes, la cobranza de deudas tributarias y el control aduanero, funciones establecidas en su Ley de Organización y Funciones y en la normativa tributaria vigente. Por su parte, el Tribunal Fiscal actúa como última instancia administrativa en materia tributaria y aduanera, de acuerdo con el Código Tributario peruano.
La relevancia de este cambio simultáneo radica en que ambas instituciones cumplen funciones complementarias: una determina y cobra tributos, mientras la otra revisa las controversias que surgen entre los contribuyentes y la administración tributaria.
Según la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), César Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con especialización en Derecho Tributario y Corporativo. El MEF también señaló que ha desarrollado actividades académicas y profesionales vinculadas a la tributación.
Además, su trayectoria pública incluye haber sido ministro de Pesquería durante el gobierno de Alberto Fujimori, información que puede verificarse en los registros históricos de conformación del Consejo de Ministros de ese periodo.
El MEF informó que Clara Urteaga es abogada especializada en temas tributarios y que cuenta con estudios de maestría en Tributación y Política Fiscal. Su nombramiento la coloca al frente del órgano encargado de resolver apelaciones relacionadas con impuesto a la renta, IGV, sanciones tributarias, procedimientos de cobranza y controversias aduaneras, competencias previstas en el Código Tributario.
El cambio ocurre en un escenario en el que el Estado busca fortalecer la recaudación tributaria y mantener la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Esta afirmación se sustenta en los documentos oficiales del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2029, publicado por el MEF, donde se plantea una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal y se identifica la mejora de los ingresos tributarios como uno de los componentes necesarios para alcanzar esas metas.
Asimismo, el Perú mantiene una presión tributaria inferior al promedio de los países de la OCDE, de acuerdo con el informe Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2025, elaborado por la OCDE, CEPAL, CIAT y BID. Ese documento muestra que la recaudación tributaria peruana, medida como porcentaje del PBI, se ubica por debajo del promedio de las economías de la OCDE y por debajo de varios países de América Latina y el Caribe.
Los elevados niveles de informalidad registrados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) representan un desafío para la ampliación de la base tributaria y la capacidad de recaudación del Estado. Los reportes del organismo muestran que una parte importante de los trabajadores y unidades productivas opera fuera del sector formal.
La informalidad reduce la base de contribuyentes y limita la capacidad del Estado para ampliar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias.
Entre los desafíos inmediatos figura la modernización de los mecanismos de control digital. La SUNAT ha venido implementando herramientas como la facturación electrónica y los sistemas de cruce de información, avances que pueden verificarse en sus reportes institucionales y comunicados oficiales sobre transformación digital.
Otro reto será mantener un equilibrio entre fiscalización y facilitación del cumplimiento tributario. Diversos análisis del Banco Mundial y de organismos especializados en administración tributaria han señalado que sistemas tributarios más eficientes combinan controles efectivos con procedimientos menos complejos para los contribuyentes, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
En el ámbito aduanero, la SUNAT enfrenta el desafío de reforzar los controles contra el contrabando y otras modalidades de fraude vinculadas al comercio exterior, un tema abordado en reportes de la propia entidad y en estudios sobre comercio exterior.
Respecto del Tribunal Fiscal, uno de los temas más sensibles es la acumulación de expedientes pendientes de resolución. La existencia de una carga procesal significativa puede verificarse en las memorias institucionales y reportes de gestión del propio Tribunal Fiscal, donde se detalla el volumen de expedientes ingresados, resueltos y pendientes en cada ejercicio.
La demora en la resolución de controversias tributarias tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad para los contribuyentes, aspecto que ha sido señalado en estudios de política tributaria elaborados por especialistas y centros de investigación económica.
Aunque el MEF destacó en su comunicado la experiencia profesional, la gestión pública y la trayectoria académica de los nuevos funcionarios, el efecto de estas designaciones dependerá de las medidas concretas que adopten para mejorar la eficiencia de la recaudación, reducir la litigiosidad tributaria y fortalecer la capacidad operativa de ambas instituciones.
La importancia de este relevo trasciende el ámbito administrativo. La SUNAT influye directamente en los ingresos fiscales, mientras que el Tribunal Fiscal incide en la resolución de disputas tributarias y aduaneras que afectan a empresas de distintos sectores económicos.
Por ello, la renovación simultánea de ambas entidades marca el inicio de una etapa que será observada por contribuyentes, gremios empresariales, estudios tributarios y analistas económicos, especialmente en un contexto en el que el Perú busca mejorar la eficiencia de su sistema tributario, ampliar su base de recaudación y reducir los niveles de informalidad que aún limitan el crecimiento de los ingresos fiscales.





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