Doe Run Perú cambia de liquidador por octava vez tras más de 14 años de proceso

La Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi dejó sin efecto la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora de Doe Run Perú y designó en su lugar a Marco Eusebio Chávez Magán, quien asumirá la conducción de la etapa final del proceso de liquidación.

La resolución respondió a un recurso de apelación presentado por Chávez Magán. El tribunal concluyó que, durante la evaluación de los postulantes, se tomaron en cuenta registros que ya no estaban vigentes para comparar la experiencia y el número de procedimientos asumidos por los candidatos, lo que motivó la revocatoria de la designación anterior.

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Con este cambio, el nuevo liquidador tendrá a su cargo la elaboración de un plan de trabajo, la preservación de los activos de la empresa y la continuidad de las acciones necesarias para la liquidación y posterior distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la Ley General del Sistema Concursal.

Ocho liquidadores y un proceso que supera los 14 años

La liquidación de Doe Run Perú comenzó en 2012 y, desde entonces, ha estado bajo la responsabilidad de ocho liquidadores distintos: Right Business, Profit Consultoría e Inversiones, Dirección Integral y Gestión de Empresas (Dirige), Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos, Alta Sierra, Consultores A-1, Alva Legal Asesoría Empresarial y, ahora, Marco Eusebio Chávez Magán.

Durante este periodo se han producido renuncias, pérdida de registros, apelaciones y sucesivos reemplazos de los responsables del proceso. Además, algunas gestiones fueron objeto de procedimientos administrativos ante el Indecopi, situación que ha contribuido a prolongar un procedimiento considerado entre los más extensos del sistema concursal peruano.

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El cambio de liquidador ocurre en una etapa considerada clave, ya que permanece pendiente la recuperación de uno de los principales activos remanentes de la empresa: un fideicomiso valorizado en aproximadamente US$19,4 millones. Estos recursos deberán incorporarse al patrimonio en liquidación para su posterior distribución entre los acreedores, conforme a la normativa vigente.

La designación marca un nuevo capítulo en un proceso que lleva más de una década sin concluir. El reto para la nueva administración será avanzar en la recuperación de los activos pendientes y acelerar una liquidación que, tras ocho cambios de responsable, continúa siendo uno de los casos concursales más prolongados y complejos del país.