Excluidos del Reinfo: al menos 1.500 habrían traficado registros para minería ilegal, afirma Dina Boluarte

Tras oficializarse la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por última vez hasta diciembre de este año, el Gobierno dio a conocer esta semana que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales continuarán con su proceso de formalización. Sin embargo, más de 50.000 quedaron fuera del padrón por no cumplir los requisitos mínimos durante más de un año.

En conferencia de prensa de este domingo 6 de julio, la mandataria, acompañada de sus ministros, dijo que detrás de los registros eliminados se escondían prácticas ilícitas.

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“Detrás de esos 50.000 excluidos, son entre 1.000 y 1.500 personas quienes han venido traficando los registros ilegales para subalquilar, subarrendar espacios donde se llevaba a cabo la minería ilegal. Como alquilaban a diestra y siniestra, había enfrentamientos con armas entre peruanos por mantener sus espacios, donde estaba esa actividad ilegal“, apuntó.

Ante ello, exhortó al Congreso a priorizar la aprobación de la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo predictamen será evaluado esta semana.

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“Agradezco al Congreso que le haya dado la validez e importancia a este proyecto de ley. Esperamos que se apruebe, porque a través de esa nueva norma se va a beneficiar a los mineros que todavía permanecen al margen de la ley. Van a trabajar dentro de los parámetros ambientales”, mencionó.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, precisó que los mineros que continúan en el proceso deberán completar cinco pasos para culminar su formalización. Estos incluyen: completar todos los documentos requeridos, lograr contratos de explotación con titulares de concesiones, formalizar gradualmente a sus trabajadores con salud y seguridad, impulsar cambios normativos que faciliten la formalización, e integrarse al nuevo fondo minero para tener acceso a incentivos económicos como líneas de crédito a tasas de mercado preferencial.

"Estas normas buscan ordenar la formalización de la pequeña minería separando al minero en proceso de formalización de aquel que no ha cumplido con los requisitos para formalizarse", indicó.

Dicho fondo, según precisó, otorgará incentivos económicos y técnicos, como acceso a líneas de crédito preferenciales, canales de comercialización seguros, asistencia técnica y mejores condiciones para la recuperación metalúrgica en planta.

El titular del Minem también señaló que el Gobierno actuará como intermediario entre pequeños mineros y titulares de concesiones para facilitar los contratos de explotación. Sin embargo, remarcó que estos acuerdos seguirán siendo de carácter privado.

Riesgo de impunidad del Reinfo

El experto en derecho ambiental César Ipenza cuestionó que el nuevo decreto no incluya ninguna disposición sobre la exención de responsabilidad penal, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este tema (en abril de este año) en el caso 00017-2023-PI/TC.

En su sentencia, el máximo órgano constitucional dispuso expresamente que los poderes del Estado se abstengan de contemplar un marco jurídico-normativo de exención de responsabilidades penales (referida a los delitos ambientales), civiles y administrativas en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio, y en cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente.

Es decir, algunos mineros informales, por estar inscritos en el Reinfo, no pueden ser perseguidos por el delito de minería ilegal, aunque sigan operando de forma ilegal mientras declaran que están en proceso de formalización.

Según Ipenza, esta prórroga termina convirtiéndose en un nuevo periodo para operar en la impunidad, ya que —advierte— aunque se habla de depurar el Reinfo, en la práctica esto resulta poco creíble.