Controversia por alza de sanciones a empresas de telecomunicaciones

El Congreso aprobó un dictamen que cambia las reglas del mercado de las telecomunicaciones: estará prohibido vender chips en las calles y, en caso una compañía cometa alguna infracción como la mencionada, recibirá una sanción mayor.

Las multas leves ahora serán de 100 UIT (S/495.000); las graves, de 500 UIT (S/2 millones 475.000); y las muy graves, de 1.000 UIT (S/4 millones 950.000), según el dictamen.

“Esta ley refuerza la capacidad sancionadora del Osiptel, elevando los topes, que no se actualizaban hace más de 20 años, con la finalidad de corregir la conducta de las empresas para que cumplan las normas y brinden un servicio de calidad”, dijo a La República el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz.

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Muente sostiene que quienes les tienen miedo a las sanciones más severas son aquellos que piensan incumplirlas. De ahí parte la naturaleza disuasiva de esta medida para que las empresas no cometan infracciones.

En casi tres décadas, apenas las sanciones abarcan un 0,09% de los ingresos operativos de las empresas del sector de telecomunicaciones. “Es decir, los ingresos de las empresas no se han visto afectados por las multas y tampoco sus planes de inversión”, añadió.

¿Hay otras razones? Muente precisa que las multas impuestas por Osiptel se vinculan directamente con el número de infracciones cometidas por las compañías, las cuales integran un mercado con características particulares, como el mayor número de proveedores —a diferencia de agua y electricidad— y el hecho de que en un hogar puede haber hasta cuatro servicios a la vez.

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Empresarios: habrá menor cobertura

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) cuestiona lo aprobado ya que Osiptel “ha impuesto multas muy por encima del resto de los reguladores del país y la región”: más de S/103 millones en sanciones, frente a los S/46 millones de Osinergmin y S/10 millones de Ositrán (al 2021).

Aparte de restarle predictibilidad al sector, alegan desde AFIN que se vulneran criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al priorizar una conducta sancionadora en vez de una preventiva.

“Van en contra de la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones, sobre todo en lugares más remotos. Un incremento de las multas hasta en un 300% generaría el desvío de recursos para que cerca de 5.700 centros poblados rurales accedan a 4G”, sentenciaron en un comunicado.

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Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) argumenta que las iniciativas legislativas no se centran en los principales problemas de los usuarios, y exigen que haya un debate técnico sobre los males del sector para ampliar la infraestructura de las telecomunicaciones y nutrir la calidad de servicio “con miras a un entorno competitivo para el desarrollo empresarial”.

ComexPerú coincide con estos gremios y pide un mejor enfoque para cerrar las brechas digitales para impulsar las inversiones y conectar a más compatriotas, amparándose en las observaciones de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

Asiet —uno de los organismos más representativos de la región en la materia— pide que “se eviten trabas en el despliegue” de la conectividad, por lo que un modelo con un tope de multas elevado “va en contrasentido a las tendencias internacionales”, así como a los criterios de la OCDE.

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“En Perú, las multas a proveedores de telecomunicaciones dificultan más y mejores servicios”, explayaron.

Sobre este punto, el Osiptel sostiene que las observaciones de la OCDE no afectarán el ingreso del Perú a este organismo porque el pedido de evaluación lo hizo el propio regulador; sumado a que ante el eventual incremento de los recursos captados se nutrirá al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) a beneficio de las poblaciones rurales. A juicio del regulador nacional, la discusión debe centrarse en el grado de incumplimiento de las operadoras, las cuales en reiteradas veces repiten estas conductas.

Rango ley para prohibición a venta de chips

El Pleno del Congreso aprobó frenar la venta ambulatoria de chips. Pese a estar prohibida por las normas de Osiptel, era realizada por las empresas de telecomunicaciones, advirtió Muente.

De esta manera, ahora se elevó a rango de ley esta medida “ante la desobediencia” de las compañías y, con ello, se brinda la protección integral necesaria a los ciudadanos con el cese de la venta callejera de los chips móviles, y se sanciona, además, a los responsables de estos actos.

Cifras

103 millones de soles suman las multas impuestas por Osiptel al 2021.

1.000 UIT será la sanción muy grave, según dictamen.