El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, viajará mañana a Brasilia para reunirse con sus homólogos que investigan el mayor caso de corrupción en América Latina., Este jueves 16 y viernes 17 de febrero se realizará en Brasilia una reunión entre fiscales de quince países que investigan el escándalo de corrupción que originó la constructora Odebrecht. El motivo de la convocatoria es cruzar información que alimente las pesquisas que se realiza en cada territorio de América Latina. PUEDES VER: Comisión Lava Jato: aprueban convocar a la esposa de Jorge Barata Han sido convocados los representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. En representación de nuestro país asistirá el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, por invitación del procurador general de Brasil, Rodrigo Janot. La reunión se realizará a puertas cerradas pues hay información que se debe mantener en estricta reserva. Si bien se pensó organizar la cita en el Perú, se optó por realizar el acontecimiento en Brasilia por ser el país donde se originó el mayor escándalo de corrupción en América Latina. Cabe anotar que en Brasil estalló este caso hace más de dos años cuando se identificó irregularidades en negocios de blanqueo de dinero de un puesto de gasolina y a través del lavado de vehículos. La investigación se conoce como Lava Jato. Varios funcionarios y altas autoridades han caído desde ese momento e incluso, el presidente de ese país, Michel Temer, puede terminar implicado según recientes revelaciones. Las acciones ilícitas de Odebrecht también ha llegado a países de Europa y África. A fines del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la cuestionada constructora había aceptado haber pagado en sobornos US$ 788 millones en doce países de Latinoamérica y el continente africano. En nuestro país, la firma brasileña pagó entre el 2005 al 2014, US$ 29 millones a funcionarios peruanos para obtener grandes obras públicas. En este marco, el expresidente Alejandro Toledo es la primera alta autoridad involucrada directamente con la recepción de pagos ilícitos.
