Las niñas awajún violadas

¿Qué está haciendo el Gobierno Regional de Amazonas  al respecto? Estas cifras son una vergüenza, ¿no se han vuelto noticia porque son niñas awajún y wampis?  

13 Feb 2018 | 6:05 h

El caso de la violación y muerte de Jimena nos ha alertado sobre situaciones similares en todo el Perú. Los padres, alarmados e indignados, gritan “pena de muerte para el violador” pero en realidad, lo que debemos de hacer, es gritar indignados contra los factores que consienten la impunidad. Porque, señores y señoras, es la impunidad lo que permite este alto índice de violadores que se multiplican año a año. ¿Qué está haciendo mal la sociedad peruana? 

Algo que ha quedado bastante claro es que el encubrimiento de violadores, un crimen en sí mismo, permite que sigan violando. El caso de los curas pederastas, no solo los del Sodalicio sino también de varios sacerdotes diocesanos o de otras órdenes religiosas, nos ha abierto los ojos sobre la forma cómo se multiplican. La Iglesia Católica se ha hecho de la vista angosta durante años, debido a estándares internos inexplicables, permitiendo que los curas pederastas se muevan de un lugar a otro depredando menores de edad en cada tránsito.  

Una situación similar la está autorizando, con su desidia y tácita complicidad, ciertos representantes del Ministerio de Educación en zonas como Condorcanqui o Bagua donde profesores han violado sistemáticamente a sus alumnas de educación básica regular, generalmente niñas pertenecientes al pueblo awajún o a la nación wampis.  Cientos de niñas han sido violadas y no nos enteramos de nada. Ni siquiera se ha denunciado a los profesores violadores. 

La Defensoría del Pueblo de Bagua ha hecho un análisis de casos desde 2012-2017. Entre esas fechas los padres de familia han presentado 216 denuncias ante las UGEL de Condorcanqui, de las cuales 157 han prescrito (67%). En el caso de Imaza se han denunciado 26 casos y han prescrito 11 (48%).  Ambas cifras, tan altas, solo puede ser interpretadas como impunidad total con complicidad de los mismos miembros de las Unidades de Gestión Educativas Locales. ¿Por qué? Porque los profesores violadores solo han sido cambiados de un pueblo a otro, de la misma manera como la iglesia católica, en Boston, Chile o el Perú, fue cambiando de puesto a los curas pederastas. El mismo modus operandi. 

¿Cómo es posible que esta situación se dé en nuestro país? Quizás los directores o funcionarios no tiene un procedimiento específico para trasladar una denuncia de tal nivel a la fiscalía o a la Defensoría del Pueblo para que la formalice, ¿pero está o no obligado el director de UGEL a trasladar la denuncia a la fiscalía o al juez? Más allá de que no haya un protocolo específico, cualquier funcionario público debe saber que cuando no se denuncia un delito… se convierte en cómplice. 

Pero eso no es lo peor de todo: la indolencia de las autoridades ante esta situación clamorosa de niñas que han sido violentadas sexualmente por estos profesores delincuentes no puede permanecer así. ¿Qué está haciendo el Gobierno Regional de Amazonas  al respecto? Estas cifras son una vergüenza, ¿no se han vuelto noticia porque son niñas awajún y wampis?

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