El Gobierno acatará la decisión de la Corte IDH sobre el caso del TC

Resolución de la Corte IDHFallo. Desde el Ejecutivo señalan que debe respetarse lo que digan los organismos supranacionales a los cuales el Perú adhiere. En el Congreso, las posiciones lucen divididas y varios legisladores han desmentido a Luis Galarreta.,El Gobierno acatará la decisión de la Corte IDH sobre el caso del TC,El gobierno respetará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que requiere al Estado peruano archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se ve en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo consultadas por La República señalaron que “la línea” es “respetar lo que determina la justicia supranacional” y que en el caso de los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez no habrá una excepción. Además (este es uno de los puntos que el Ejecutivo incluye en su razonamiento), Perú es uno de los países cuyos ciudadanos más han recurrido a la competencia de la Corte IDH para defender sus derechos. Incluso las fuentes de Palacio recordaron que en lo del indulto a Fujimori se señala que el Perú respetará el fallo de la Corte. Como se sabe, este caso se inicia cuando ex marinos vinculados con la matanza de El Frontón presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC porque, según los demandantes, cambiaron el sentido del voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en una sentencia del 2013. Para los marinos, la rectificación implicaría que las muertes de presuntos terroristas ocurridas en 1986 son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Los magistrados respondieron que solo contabilizaron de nuevo los votos a pedido del procurador del Estado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió la destitución e inhabilitación por diez años de Espinosa-Saldaña y suspensiones por 30 días para Ledesma, Ramos y Miranda. El informe se encontraba pendiente de debate en la Comisión Permanente. Para la Corte IDH, la acusación genera presiones no solo al TC sino a los jueces de la Sala Penal Nacional a cargo del caso El Frontón. Según el organismo supranacional, se necesita que estos mantengan su independencia para que los familiares de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte (muertos en el develamiento) puedan conocer la verdad de los hechos ocurridos en junio de 1986. “Debe cumplirse” El magistrado más comprometido con la acusación en el Congreso era Espinosa-Saldaña, para quien se pedía una inhabilitación de diez años de toda función pública. Recibió a La República al día siguiente de conocerse el fallo. Dijo que la sentencia debe ser acatada. Lo contrario, adelantó, sería aceptar “la ley de la selva”. “Si recurro a un juez y planteo mis argumentos, es porque voy a cumplir con las reglas de juego. Lo otro es la ley de la selva, lo otro es jugar fútbol y llevarme la pelota porque me meten un gol. No, no. Un elemento clave en cualquier Estado es respetar las conclusiones de quien tiene autoridad para resolver los conflictos, en este caso la Corte IDH”, declaró. Debe recordarse que, conocida la decisión de la Corte IDH el viernes en la tarde, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, envió una carta dirigida al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que rechazó el fallo y exigió que el Ejecutivo tome acciones legales, por considerar que se pretende vulnerar “la soberanía e independencia” del Estado. Pero en opinión de Espinosa-Saldaña, por ser precisamente un Estado soberano es que el Perú aceptó someterse a la competencia contenciosa de la Corte IDH. “Fue una decisión voluntaria; nadie le puso al país una pistola en la sien”, sostuvo. Espinosa-Saldaña consideró que el requerimiento de la Corte IDH no significa –como han argumentado opositores al fallo– que el Congreso peruano no puede llevar adelante acusaciones constitucionales, sino que estos procedimientos no deben exceder ciertos límites. El magistrado del TC dijo esperar que el gobierno asuma con tranquilidad la orden que llegó desde San José. “Nos dirigimos hacia una lógica de globalización de los derechos y la Corte IDH ha sido un espacio muy importante para eso en nuestros países”, dijo. “Vamos a cumplir y a seguir trabajando, porque tenemos que atender varios casos de ciudadanos”, respondió Espinosa-Saldaña cuando La República le consultó cuál sería el siguiente paso de los magistrados del TC. Espinosa-Saldaña mira con optimismo su futuro en el TC. En el Congreso, la situación es más compleja. Quitan piso a galarreta En el Legislativo, la posición de las bancadas está dividida, no solo por la resolución de la Corte IDH, también por la carta que envió Galarreta al presidente Kuczynski. Mañana, los voceros llevarán los planteamientos de sus respectivos grupos parlamentarios a la junta de portavoces convocada para las 4 p.m. Los representantes de Peruanos Por el Kambio, Nuevo Perú y el Frente Amplio cuestionaron el pedido de Galarreta y precisaron que no responde a una postura institucional, sino a nombre de propio o de su partido. “El presidente del Congreso se apresuró al mandar esta comunicación, debió esperar a que se realice la junta de portavoces y que haya una posición institucional del Parlamento para comunicarla. Él lo ha hecho a título personal”, refirió el vocero del oficialismo Gilbert Violeta. Insistió en que Galarreta debió esperar a que se lleve a cabo la reunión que él mismo ha convocado. Indicó que Perú es un Estado constitucional de derecho y, por tanto, tiene que respetar los fallos jurisdiccionales “cuando nos guste y cuando no”. Dijo confiar en que el jefe de Estado lo haga, pues afirmó que Kuczynski "respeta el Estado de derecho". Por su parte, Alberto Quintanilla indicó que NP señalará con firmeza que se tiene que acatar lo que ha resuelto la Corte IDH, descartando que se haya excedido en sus prerrogativas y que en este caso es una medida precautelar. “Nuestra posición en la junta de portavoces será que acatemos. Lo otro sería declararnos en rebeldía, una trasgresión constitucional, pues esa es una decisión de Estado. Quien toma las iniciativas sobre las relaciones internacionales y los tratados es el Ejecutivo”, sentenció. No hay otra opción Desde el FA, Hernando Ceballos coincidió en que Perú no tiene otra opción que respetar el mandato del ente supranacional, por haber suscrito la Convención Americana. Señaló que el titular del Parlamento actuó de forma irresponsable al enviar la carta al presidente de la República y que lo que debió hacer fue esperar a que exista una opinión consensuada en el Legislativo. En Acción Popular y Alianza para el Progreso, hay posiciones contrapuestas, que esperan unificar. “Lo discutiremos el lunes porque el tema de la acusación constitucional en el Congreso aún no ha terminado, pero hemos suscrito el Pacto de San José y debemos respetarlo nos guste o no. Esto nos coloca en una situación complicada”, dijo César Villanueva, de APP. Dijo que en este caso se puede pedir “una aclaración, precisión o rectificación a la Corte, pero mientras tanto tenemos que acatar su fallo”. Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que están conversando sobre la postura que AP llevará al Pleno. Para él, el principal inconveniente es que no se puede archivar el caso porque aún estaba en proceso y aún faltaba que se vea en la Comisión Permanente y en el pleno del Congreso. “¿Hay antecedentes en la Corte de paralizar procesos que no han terminado? Yo creo que no. Estamos ante un requerimiento que a mi modo de ver es inaplicable”, expresó. Mientras que en su cuenta de Twitter, el también acciopopulista Yonhy Lescano opinó que el fallo debe implementarse y no necesita ser analizado, pues "solo dictaduras y Venezuela" no cumplen con esos compromisos. Como es lógico, Fuerza Popular y el Apra son los más duros. Javier Velásquez Quesquén (Apra) dijo que mañana discutirán las implicancias de acatar el fallo de la Corte IDH. “El Perú tiene que hacer respetar soberanamente su decisión”, indicó. Mientras que Úrsula Letona (FP) indicó que en la junta de portavoces todos definirán si la resolución del tribunal supranacional tiene un contenido político o jurídico, y cuáles son los actos soberanos que Perú debe defender. Pero más allá de arrebatos políticos, al parecer la denuncia contra los magistrados ya no tiene futuro. El fujimorismo y su mala relación con la Corte IDH En 1998, a través de una resolución legislativa, el Perú, gobernado por Alberto Fujimori, dijo que se retiraría de la competencia contenciosa de la Corte IDH. “Se había emitido la sentencia del caso Jaime Castillo Petruzzi y eso origina la resolución. Luego la Corte IDH hizo una declaración de invalidez de esa resolución legislativa”, recordó el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. Fujimori planteó entonces una figura según la cual el Perú se retiraba de la competencia contenciosa de la Corte IDH, mas no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Lo que pasa es que no es posible retirarse de la Comisión, por eso el Perú optó por retirarse de la competencia contenciosa. Así salió la resolución impresa", añadió Rivera. Ya durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se derogó la resolución legislativa emitida en el fujimorismo. "Pero en realidad la resolución no había conseguido ninguna clase de efecto porque la propia Corte IDH sentenció otro caso: el del Tribunal Constitucional", recordó Rivera. Los países más importantes que no están sometidos a la Corte IDH son Estados Unidos y Canadá. "Y en el caso de Venezuela, se ha retirado con una norma aprobada. Sin embargo, la propia Venezuela entiende que incluso en esas circunstancias hay reglas del derecho internacional que deben cumplirse y que los casos antiguos tienen que seguirse viendo", explicó Rivera.

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