Sentenciados están impedidos de postular a cargos políticos en el país

Nueva ley. Condenados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual ya no accederán a cargos de elección popular. Pero medida alcanza a indultados por Comisión Lanssier.

10 Ene 2018 | 6:55 h

La distracción del Congreso en diciembre, con temas como la frustrada vacancia presidencial y las pugnas internas en el grupo mayoritario de Fuerza Popular, puso en riesgo una valiosa reforma electoral de cara a los próximos comicios regionales y municipales.

Esto fue subsanado ayer cuando, en una sesión convocada de emergencia, el Pleno del Congreso aprobó una ley para impedir que condenados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual puedan postular a cargos de elección popular.

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Por la noche, el texto fue publicado en El Peruano en una separata especial, lo que implica que la norma entra en vigencia a partir de hoy. Y es que el Congreso solo tenía plazo hasta ayer para efectuar cualquier modificación a las reglas de juego de los comicios programados para octubre.

No hacerlo, hubiera generado un escenario similar a las elecciones regionales y municipales del 2014, cuando postularon al menos once personas condenadas por terrorismo y otros ocho con sentencia por violación sexual, según algunos reportes del portal Útero.pe.

El debate para la aprobación final de esta norma estuvo congelado en el Congreso desde inicios de diciembre, cuando la Comisión de Constitución se allanó a las observaciones del Ejecutivo, pero el tema no pasaba al Pleno.

Los impedimentos

De acuerdo con la norma aprobada, para las elecciones regionales y municipales de este año no podrán postular los sentenciados por terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.

Asimismo quedan excluidos quienes han sido condenados a cárcel efectiva o suspendida por los delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, ya sea con sentencia consentida o ejecutoriada.

En ambos casos, la prohibición alcanza incluso cuando los sentenciados ya han tenido la condición de rehabilitados.

En tanto el texto también modifica la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859). Significa que los mismos impedimentos aplicarán para los futuros candidatos a la presidencia, vicepresidencia y el Congreso de la República.

Esta norma tiene como fuente un proyecto presentado a fines del 2016 por el fujimorista Héctor Becerril, quien apuntaba únicamente a los condenados por terrorismo.

Sobre la marcha y en el calor del debate las otras tiendas políticas lograron la inclusión de quienes también fueron condenados por corrupción, narcotráfico y violación sexual.

Hecha la trampa

El 2 de noviembre del 2017 el Pleno ya había aprobado un texto legal, con la precisión de que el impedimento no alcanzaba a los indultados.

Esto debido a que en los años noventa muchos ciudadanos habían sido condenados injustamente por el presunto delito de terrorismo y luego fueron indultados por la Comisión Lanssier.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Enrique Mendoza, observó este extremo de la autógrafa, con lo cual puso en el mismo saco a los que fueron condenados en virtud de un debido proceso y a los que, por ser inocentes, accedieron al llamado "indulto razonado".

Precisamente este tema generó un prolongado debate ayer. Desde el fujimorismo optaron por cerrarse en impedir el ejercicio de los derechos políticos de más de setecientas personas indultadas, según apuntó Gino Costa.

Este parlamentario y sus colegas No agrupados Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde protestaron contra lo que parecía una nueva imposición de Fuerza Popular. Lo mismo hicieron los legisladores de Nuevo Perú. Al final, sin embargo, emitieron su voto aprobando la norma, para garantizar su entrada en vigencia para estas elecciones.

De hecho, hay quienes se verán afectados, como es el caso de Yehude Simon, quien estuvo en la cárcel injustamente y luego fue indultado. Él mismo ayer respondió en Twitter: "Nadie podrá evitar que postule por Lambayeque. La lucha empieza". Un miembro de su partido precisó a este diario que presentarán pronto una demanda constitucional.

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