Caso Odebrecht: Disfrazaron de “riesgos adicionales” a sus coimas

Socios de Odebrecht. Según la Fiscalía, representantes de Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA aportaron en pago ilegal a Toledo.

4 Dic 2017 | 7:06 h

Actualización

Antes de las 4.00 a.m. de la madrugada de este lunes, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra los funcionarios José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós.

La audiencia de prisión preventiva

"Hoy el Perú será testigo si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el Perú". Con esa frase, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro inició su intervención en la audiencia convocada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

En esta audiencia judicial sustentó su pedido de prisión preventiva contra –según explicó– cinco de los empresarios más connotados del Perú, a quienes acusa de presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Se trata de Fernando Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; José Castillo Dibós, director general de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA); y los altos ejecutivos de Graña y Montero Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada.

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Ellos, según denuncia la fiscalía, respaldaron y apoyaron al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata en las negociaciones ilícitas con el ex presidente Alejandro Toledo para el pago de una coima de 20 millones de dólares.

El fiscal Hamilton Castro basó su solicitud de prisión preventiva contra los cinco empresarios en las declaraciones del brasileño Jorge Barata, convertido en aspirante a colaborador eficaz, quien aseguró que habló personalmente sobre el pago de coimas con Graña Miró Quesada, Camet y Castillo.

Los otros acusados también conocieron el pago de la coima y lo avalaron, según el Ministerio Público.

El fiscal dijo ayer ante el juez Concepción Carhuancho que el Ministerio Público cuenta con indicios que demostrarían que la versión de Barata es verdadera.

Según señaló Castro en la audiencia, Barata realizó las negociaciones con Toledo entre el 2004 y el 2005, mientras mantenía informados a sus socios. Gracias a esos acuerdos, Toledo presuntamente recibió una millonaria coima a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica Sur, que obtuvieron en agosto del 2005.

Castro explicó que Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA disfrazaron el pago de las coimas en sus cuentas con el concepto de "riesgos adicionales".

Según la tesis de la fiscalía, bajo esa nominación, las tres empresas saldaron con Odebrecht la parte que a cada una le correspondió por la coima. Ese acuerdo se cerró el 1° de junio del 2011, cuando las tres empresas realizaron juntas de accionistas para ceder parte de sus utilidades a Odebrecht, aseguró el fiscal.

Castro detalló que Graña y Montero pagó 6 millones 219 mil dólares; JJ Camet Contratistas, 5 millones 641 mil dólares; e ICCGSA, 3 millones 223 mil dólares a Odebrecht para cumplir con 15 de los 20 millones de dólares de la coima al ex mandatario.

Peligro de fuga

El fiscal anticorrupción aseguró que es necesario mantener en situación de prisión preventiva a los investigados durante 18 meses para evitar que escapen del país y evadan a la justicia.

Para defender ese argumento, afirmó que los cinco procesados cuentan con los recursos económicos suficientes para dejar el Perú en cualquier momento y solventar los gastos de mantenerse en la clandestinidad.

"Que el sistema no permita lo que pasó con (el empresario) Gustavo Salazar, presidente del (club) Regatas, a quien ahora tenemos que extraditar", indicó.

Salazar permanece en los Estados Unidos pese a que tiene una orden de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber prestado una de sus empresas para el pago de un soborno de Odebrecht al ex gobernador del Cusco Jorge Acurio.

Castro también aseguró que existe el riesgo de que los procesados obstaculicen la averiguación de la verdad.

Argumentó que ellos tendrían influencia sobre los trabajadores de Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet Contratistas que poseen documentos que servirían de prueba durante el juicio. Ninguno de los cinco procesados acudió a la audiencia, a la que solo se presentaron sus abogados.

Los cinco registran constantes salidas del país, según los movimientos migratorios que presentó el fiscal Castro, e incluso tienen la opción de residir en Estados Unidos sin ningún inconveniente. Ambos datos fueron considerados por Castro como argumento para justificar el riesgo de fuga.

Niegan pago de coima

"No se puede solicitar prisión preventiva en virtud de la moral del país, sino en virtud de la ley", manifestó el abogado Eduardo Alcócer, representante legal del procesado Fernando Camet. Con ello respondió a la frase introductoria del fiscal Castro.

Alcócer dijo que su defendido no acordó el pago de coimas con el brasileño Barata. Además, cuestionó que la fiscalía base su solicitud de prisión preventiva "con una traducción libre de las declaraciones de Barata (aspirante a colaborador eficaz), no una oficial".

El abogado también tildó de discriminatorio el argumento de Castro basado en que el poder adquisitivo de los cinco procesados aumentaría el riesgo de fuga. La misma postura mostraron los abogados de los otros cuatro procesados. Durante la audiencia, los abogados entregaron a la fiscalía los pasaportes de sus defendidos con la intención de demostrar que no escaparían del país. Las defensas de los procesados coincidieron en sus argumentos para solicitar que el juez Concepción Carhuancho desestimara el pedido de la fiscalía.

'Presiones' políticas

Inclusive, la defensa del empresario Hernando Graña Acuña señaló que la solicitud del fiscal Hamilton Castro responde a presiones políticas. Ello en referencia a las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el propio Castro, realizadas por congresistas fujimoristas, de mayoría parlamentaria.

Al cierre de esta edición, el juez Richard Concepción Carhuancho se encontraba resolviendo todavía la respectiva solicitud del Ministerio Público. 

En cifras

20 millones de dólares sería la coima de Odebrecht, G&M, JJ Camet e ICCGSA a Toledo.

3% del costo total de las obras solía destinar Odebrecht al pago de coimas.

“No respondo a presión política”

El fiscal Hamilton Castro aseguró que el pedido de prisión preventiva contra los representantes de las socias de Odebrecht no responde a la denuncia que realizó la congresista Yeni Vilcatoma en su contra.

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