Polémico fallo. Imágenes de agresión en hotel ayacuchano son pruebas suficientes contra Adriano Pozo Arias, asegura el penalista Mario Amoretti. Piden a magistrados evaluar el caso.,Para la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Tatiana Pérez García Blásquez, y los jueces del tribunal penal colegiado de esta región, las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel ayacuchano en las que se ve a Adriano Pozo Arias golpear, amenazar y arrastrar a Cindy Arlette Contreras no prueban absolutamente nada. Pertenecen a un video sin valor, incapaz de comprobar las oscuras intensiones de un agresor cegado por la ira. PUEDES VER: Cindy Arlette sobre liberación de su agresor: "Tengo mucho miedo, es muy injusto" | VIDEO Sin embargo, para el abogado penalista Mario Amoretti, este video constituye una prueba fehaciente contra Pozo Arias que podría ser utilizada a favor de la agraviada a fin de condenar a su victimario hasta con ocho años de prisión. "Por supuesto que (ese video) es suficiente. Ahí queda demostrado la figura del intento de violación y feminicidio. Se trata de un medio objetivo que ratifica un hecho y que ha sido utilizado en muchos casos como única prueba para sancionar a una persona responsable de un delito. Es decir, existe jurisprudencia", enfatizó el especialista. Pero esta situación no fue contemplada por los magistrados ayacuchanos María Pacheco Neyra, Nazario Turpo Coapaza y Edgar Sauñe de la Cruz, quienes el último viernes dieron a conocer el polémico fallo que le devolvió la libertad a Adriano Pozo Arias, sentenciándolo a un año de prisión suspendida y al pago de 5 mil soles de reparación civil a favor de la agraviada. Esta decisión, cuestionada por diferentes personalidades de la política, el derecho y asociaciones civiles, considera que los actos denigrantes a los que fue sometida Cindy Arlette el 15 de julio del año pasado constituyen el delito de lesiones leves. "Se trata de un fallo cuestionable. Lo que no han considerado estos jueces es la anomalía psíquica de la persona, es decir, la consecuencia psicológica originada por la agresión, la misma que el Código Penal peruano considera como un delito de lesiones graves", detalló Amoretti. Lo cierto es que esta sentencia preliminar, que será leída a detalle este viernes, ha sido defendida a capa y espada por la máxima autoridad de la justicia ayacuchana, que a través de un comunicado señaló que se trata de un fallo "independiente" y calificó de difamatorias las informaciones periodísticas vertidas sobre los hechos. Horas más tarde, mediante un nuevo comunicado, aclaró que el veredicto del tribunal penal colegiado de Ayacucho "no es una decisión definitiva". "Después de que se dé lectura en forma íntegra a la resolución judicial en audiencia este viernes, ésta puede ser apelada ante la segunda instancia por las partes procesales, si así lo estiman conveniente", detalla el documento. No valoraron detalles Para el abogado de Cindy Arlette Contreras, Richard Almonacid Zamudio, los magistrados ayacuchanos que resolvieron el caso en primera instancia no evaluaron todos los detalles brindados sobre la brutal agresión a la que fue sometida la joven. Según refiere, durante el juicio oral, el empleado del hostal, Chan Yoni Sosa, señaló que acudió hasta en tres oportunidades al llamado de auxilio de la agraviada que se encontraba en la habitación del segundo piso. “En la primera oportunidad, los otros huéspedes le comunicaron que había demasiada bulla dentro de la habitación. En la segunda oportunidad toca la puerta y no encuentra nada, y en la tercera oportunidad sube el cuartelero y escucha que, con voz entrecortada, la agraviada decía: 'Me quiere matar, ¡auxilio!', y parecía que la estaba asfixiando. Eso es lo que literalmente dijo en el juicio”, señaló Richard Almonacid. Igualmente, Sonia Zea Llampasi, trabajadora del serenazgo del municipio de Huamanga, ha testificado en el juicio señalando que el tipo era muy agresivo, pues cuando era llevado a la comisaría Cindy también fue golpeada. Ante lo sucedido, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, instó a los magistrados a reforzar sus labores y solicitó una reunión urgente al presidente del Poder Judicial. “Se están dando penas menores de lo que la ley dice. Agreden y no les pasa nada, ¡eso no lo podemos permitir!”, dijo.