La urgencia de políticas transversales que comprometan a todos., La inseguridad ciudadana es uno de los aspectos cruciales de la actual campaña electoral. Esta centralidad refleja no solo una percepción ciudadana sino un hecho ya reconocido: el desborde del Estado por diversos delitos, entre ellos, algunos especialmente violentos como la extorsión, el asesinato por encargo, el secuestro, el asalto armado, el pandillaje, entre otros; y los que constituyen un flagelo de las familias como el robo domiciliario y el narcotráfico. La crisis de la seguridad ha escalado de lo que dan cuenta las mediciones sobre incidencia de delitos, denuncias, procesados, procesos, sentenciados, población penitenciaria y reincidencia. La crisis es tan compleja y transversal que el Estado tiene problemas incluso para establecer una política estándar de registro de información y de manejo de indicadores de control de objetivos y metas. El Estado ha respondido a la crisis de manera desordenada. La elaboración de planes de mediano y largo plazo es deficiente y su ejecución es limitada por la falta de recurso humano calificado y de financiamiento. En los últimos 25 años se han sucedido en el cargo 30 ministros del Interior y 26 ministros de Justicia, una alta rotación que impide la ejecución de programas sectoriales, ya no de planes transversales. Desde la tradicional visión que consideraba un delito como un fenómeno exclusivamente policial, se ha avanzado poco. Los planes recientes han conducido a la creación de instancias de coordinación multisectorial de poco calado y actuación vinculante. Al inicio de su mandato, el presidente Ollanta Humala se ofreció a liderar y presidir de hecho el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, algo que no ha ocurrido. Otros ámbitos del Estado se han colocado de perfil ante la crisis de seguridad. El Congreso se limita a expedir leyes, varias de las cuales son efectivamente requeridas, aunque la producción legislativa en este campo es presidida por una visión inmediatista y de parche, expresión de lo cual son los centenares de cambios del Código Penal. El Poder Judicial, el INPE, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera adoptan prácticas similares de evasión de la obligada coordinación institucional. La situación demanda un pacto nacional por la seguridad, que bien podría empezar por las fuerzas políticas en campaña por el Ejecutivo y el Congreso, a través de la adopción de un grupo de consensos mínimos que luego podrían ser ampliados hacia otros poderes del Estado y organismos autónomos. Si se requiere algo con urgencia para encarar la inseguridad ciudadana en este momento en que se debate el futuro del país en los próximos 5 años es la transversalidad de las políticas de seguridad. De eso carecen la mayoría de los planes de gobierno que nos ofrecen leyes y medidas aisladas y sin conexión con la red de toma de decisiones en el Estado. Si solo podríamos lograr que los ministros del Interior y Justicia duren en el cargo más de 7 meses, sería una buena señal.
