Controversia Hace unos días, el Congreso aprobó la Ley Nº 30723, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali. Varias áreas protegidas y comunidades indígenas en aislamiento se verían afectadas con esta nueva ley.,Durante su reciente visita al Perú, uno de los puntos más resaltantes a los que se refirió el papa Francisco fue el respeto por la naturaleza y las comunidades nativas que habitan la selva. “Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias”, mencionó en su discurso en Puerto Maldonado, Madre de Dios. Su mensaje, un llamado a preservar la selva y sus comunidades nativas, por un momento pareció calar en las autoridades, que asentían ante cada una de sus palabras y se mostraban comprometidos con la causa. Nada más lejos de la realidad. Solo un día después de la partida de Francisco, el 22 de enero, el Congreso aprobó una ley que pone en grave riesgo zonas protegidas, reservas naturales y pueblos indígenas en aislamiento. Se trata de la Ley Nº 30723, en cuyo único artículo se declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”. ¿Pero hubo respeto realmente? Desde su etapa como proyecto de ley Nº 1123/2016-CR, esta iniciativa tuvo serios cuestionamientos, sobre todo del Ministerio de Cultura y de las propias comunidades indígenas. Pero eso no fue impedimento para su aprobación el pasado 7 de diciembre en el pleno del Congreso, pese a que solo había sido aprobada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, sin ser derivada a ninguna otra comisión, ni consultada con organismos como el Sernanp y el Ministerio del Ambiente (Minam). Para la congresista María Elena Foronda, la aprobación de este proyecto de ley es la consecuencia de una mayoría fujimorista en el Congreso, que hace y deshace sin ningún control. “Han pasado por encima de muchas instancias y finalmente han conseguido su objetivo, en parte porque el propio Ejecutivo no hizo nada para impedirlo”, comenta. Según la publicación del lunes 22 de enero en el diario oficial El Peruano, el presidente del Congreso remitió la ley al presidente Pedro Pablo Kuczynski el 15 de diciembre. El mandatario tenía quince días para pronunciarse, sea con la promulgación o la observación de la norma, pero ante su falta de acción, el Congreso hizo ejercicio de sus facultades y finalmente promulgó la ley. ¿Necesidad de progreso? El congresista fujimorista Glider Ushñahua, autor del proyecto de ley, señala en un comunicado que “se trata de una norma declarativa, cuya finalidad es llamar la atención del Poder Ejecutivo, para mejorar la conectividad de las zonas de frontera, con respeto irrestricto de los derechos ambientales y las comunidades indígenas”. Uno de sus argumentos es que la ley mejorará el comercio y traerá desarrollo económico a la región Ucayali, a través de la conectividad terrestre. “He visitado Oventeni, en Atalaya, donde la población es indígena, ellos producen café y cacao, y no pueden sacar sus productos porque no tienen una carretera (...) he consultado a nuestros hermanos y ellos manifestaron estar de acuerdo en mejorar sus vías de comunicación (trochas carrozables). Eso piden nuestros hermanos, para entender esto, tendríamos que haber vivido o visitado algunos lugares de nuestra frontera”, sostiene Ushñahua. También niega que la norma favorezca al narcotráfico, la degradación de bosques y la trata de personas, pues “estos actos delictivos buscan desarrollarse en zonas inaccesibles, lejos de las carreteras y de la presencia del Estado”. Por tanto: “no están en peligro la conservación de los bosques, la intangibilidad de las reservas naturales, el aislamiento voluntario de los indígenas ni la salud pública”. Esto, sin embargo, no es lo que opinan en el Ministerio de Cultura, que en el oficio Nº 662-2017-DM/MC, enviado el 4 de diciembre al Congreso, con informes de su Oficina General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, considera que el proyecto “no resulta viable”. Entre las observaciones que hacen, señalan que el área de intervención “se superpondría a zonas donde habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”, lo que supondría la interrupción de sus prácticas de subsistencia, encuentros con terceros ajenos a las tierras que ocupan y procesos de migración masiva y colonización de sus tierras, entre otros inconvenientes. El negocio de depredar “La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, declaraba el papa Francisco días antes de que se aprobara esta ley, en la que muchos ven justamente intereses de empresarios madereros y de otros rubros, que vienen depredando la Amazonía. La experiencia ha demostrado que la construcción de carreteras acelera la deforestación de la selva, tal como pasó en la comunidad de Iberia, Madre de Dios, ubicada a metros de la Carretera Interoceánica, y que vio desaparecer 1.830 hectáreas de bosque entre los años 2013 y 2015. Por ello, la tala ilegal amenaza actualmente el área de conservación Rodal Semillero Tahuamanu, que se encuentra a tan solo unos kilómetros de allí. Pese a esto, el Gobierno Regional de Madre de Dios promueve la ampliación de una carretera –una distinta a la del proyecto de Ushñahua– en la zona que permite el ingreso de taladores ilegales y buscadores de oro en la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu. Esta vía se construye sin pasar por la evaluación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Esta ruta ya ha causado la alarmante pérdida de más de 32 hectáreas de árboles y de seguir avanzando, al 2040 será responsable de la pérdida de 43 mil hectáreas de bosque, equivalente a toda la extensión de las líneas de Nasca. Pero volviendo a la ley recientemente promulgada, cabe aclarar que se trata de una prolongación del proyecto de ley 075-2016, presentado por el también congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, quien planteó declarar de interés nacional la interconexión terrestre de la provincia de Purús, Ucayali, a través de una carretera que llegue hasta Iñapari, Madre de Dios. La iniciativa de Tubino finalmente fue aprobada con cambios, decidiéndose el uso de una conexión multimodal, la cual combina la vía fluvial con carreteras existentes en Brasil. De cualquier manera, la promulgación de la Ley Nº 30723 vuelve a poner en riesgo zonas como el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial de Madre de Dios, además de los pueblos no contactados y en aislamiento voluntario. “El tema no solo pasa por afectar la forma de vida de estas comunidades, por invadir las zonas que habitan obligándolos a migrar, también es un problema de salud pública, porque estas personas no tienen la misma resistencia a las enfermedades que nosotros, por haber sido vacunados”, señala Marco Huaco, asesor principal de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Finalmente, existe una iniciativa para impugnar esta ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). “Se han violado derechos constitucionales como la consulta previa”, indica la congresista María Elena Foronda, quien impulsa esta iniciativa. Ese es, por ahora, el estado de la cuestión. Un día después de la partida de Francisco, el 22 de enero, el Congreso aprobó una ley que pone en riesgo reservas naturales y pueblos indígenas en aislamiento”.
