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Sociedad

Más de 130 asesinatos se han cometido en La Libertad solo este año

Tierra de nadie. Gobierno prorrogó estado de emergencia por 30 días más en Trujillo y Pataz, las provincias con más crímenes. Según PNP, homicidios se han reducido, pero el miedo aún sigue. 

Crímenes. A pesar de las medidas de control, los asesinatos no ceden en La Libertad. El Gobierno extendió la emergencia. Foto: difusión
Crímenes. A pesar de las medidas de control, los asesinatos no ceden en La Libertad. El Gobierno extendió la emergencia. Foto: difusión

Pese a que aún La Libertad no sale de la conmoción por las extorsiones con explosivos en colegios, ataques a centros mineros y los asesinatos, las estadísticas de la Policía Nacional señalan que los homicidios descendieron un 26% durante los primeros 100 días del estado de emergencia que empezó el 14 de febrero en las provincias de Trujillo y Pataz.

En lo que va del año, hubo 130 asesinatos en La Libertad, siendo Trujillo la ciudad más violenta porque allí se cometieron 51 crímenes. Le siguen Virú con 24; Pataz con 16; Pacasmayo con 14; y Ascope con 11. En Chepén y Gran Chimú se registran 4 asesinatos cada uno; en Santiago de Chuco, 3; en Otuzco, 2; y en Bolívar, uno.

“De los 30 crímenes que en enero se habían reportado solo en Trujillo, se bajó a 22 durante los primeros 100 días del estado de emergencia. Es una cifra alentadora”, afirmó el general José Zavala, jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad.

Por su parte, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, explicó que el 95% de esos casos registran antecedentes policiales y, según cifras históricas, fueron ejecuciones de sicarios y otros vinculados al crimen organizado.

“Del total de asesinatos (130), el 60% está resuelto mientras que el resto está en vías de captura y resoluciones nacionales e internacionales”, indicó.

 Control. Los patrullajes se han incrementado en la frontera. Foto: difusión

Control. Los patrullajes se han incrementado en la frontera. Foto: difusión

En Pataz y Trujillo

El Gobierno acaba de extender por 30 días el estado de emergencia en Pataz, desde el 13 de junio, a fin de combatir a las organizaciones criminales que se han asentado en la zona, afectando a la actividad minera.

La prórroga en Trujillo también es por 30 días a partir de la misma fecha. La Policía continuará manteniendo el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Pese a los números en baja, la preocupación en La Libertad no cede.

No obstante, a parte de la disminución de homicidios, el general Zavala informó que en enero hubo un secuestro y se produjeron 78 detonaciones.

Sin embargo, hasta el momento las extorsiones a las instituciones educativas privadas han disminuido. Agregó que la PNP ha desarticulado 36 bandas de extorsionadores y detenido a 171 menores, 288 extranjeros y 153 por extorsión.

Al mismo tiempo, agregó que 467 fueron internados en el penal El Milagro y por primera vez 37 extranjeros han sido deportados por permanencia irregular, en acción coordinada con personal de Migraciones.

Medidas en Putumayo

El estado de emergencia también se extendió a la zona del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, según lo anunció el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Precisó que en la zona del Putumayo hay presencia y actividad de bandas criminales, sobre todo en la triple frontera con Ecuador y Colombia.

Indicó que también se presenta esta misma problemática en las fronteras individuales con ambos países, debido a la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

“En esta zona del Putumayo, donde recién empezamos a ver los primeros brotes de estos actos de criminalidad, tenemos que tener una presencia más firme de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta es una prórroga por 60 días que se inicia a partir del 12 de junio”, detalló. El problema en esta parte de la frontera, a pesar de la aplicación de acciones de control, es que se observa un incremento del riesgo de seguridad ante las amenazas emergentes de la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, de madera y de armas, así como de la minería ilegal, la inmigración ilegal, la trata de personas y sus delitos conexos. Se espera que las medidas funcionen.