Congreso debilita lucha contra la trata de personas

Un informe sobre la trata de personas en el Perú acaba de ser publicado por CHS Alternativo y una de sus conclusiones genera preocupación porque señala que el nuestro es un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niños víctimas de ese delito, con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso.

Esto se dio a conocer luego de que el Congreso aprobara el último miércoles un proyecto ley que reducirá las obligaciones de rendición de cuentas de las autoridades en casos de trata de personas. El autor de esta propuesta es nada menos que el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular.

Pero ¿en qué consiste? El proyecto de ley n° 5712/2023-CR, que modifica la ley n° 29918, establece que las autoridades del Ejecutivo solo acudirán ante la Comisión de Justicia y la Comisión de la Mujer para informar sobre los avances de la política nacional contra la trata.

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Así quedará eliminada la necesidad de que la figura del primer ministro; así como la de los ministros del Interior y de la Mujer se presenten ante el Pleno del Congreso para informar sobre esta problemática.

La trata de personas es un delito que sigue creciendo en el Perú. Entre el 2018 y abril del 2023, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público registró 29.400 denuncias por trata de personas a nivel nacional.

Y solo en el 2023, se reportaron 9.001 denuncias por este y otros delitos de explotación humana. Pese a la gravedad del delito, el Estado invierte solo 12 céntimos por persona en la prevención y persecución de la trata, así como en la atención y reintegración de las víctimas.

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Frente a ello, CHS Alternativo expresó su profunda preocupación por la probable violación de los derechos de los peruanos víctimas de este delito, a causa del proyecto de ley.

“No se puede bajar el nivel a la rendición de cuentas mientras el delito sigue creciendo”, enfatizó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Señaló, además, que el Perú cuenta con una Ley contra la Trata de Personas y una Política Nacional frente a ese delito, la cual involucra a 11 sectores del Estado y 4 organismos autónomos, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

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“El delito es transversal y por lo tanto es responsabilidad y obligación del premier dar cuenta ante el Pleno del Congreso sobre el trabajo que se realiza desde esas dependencias”, dijo.

Agregó que, aunque esta iniciativa legislativa pretende incorporar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la rendición de cuentas, el artículo 3 de la ley n° 29918 que quiere modificarse ya prevé la participación de este sector.

Esto a través de la presentación de los resultados del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, que hoy se denomina Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.

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Poca decisión política

Valdés sostuvo también que, aunque en los últimos 5 años 14 primeros ministros y 20 ministros del Interior no dieron cumplimiento a la obligación de rendir cuentas, es importante insistir en esta práctica, pues la trata de personas es un delito multidimensional que no solo es competencia de dos comisiones del Parlamento.

Claves

Pedido. CHS Alternativo hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que observe dicha autógrafa de ley.

Plazo. También pidió al Pleno del Congreso  que no eluda su responsabilidad en el tema y ponga fecha para la presentación del Ejecutivo.