Chiclayo: investigan lesiones y tenencia de armas tras enfrentamientos en Agropucalá

Se iniciará una investigación preliminar, a nivel del Ministerio Público, contra los que resulten responsables luego de los enfrentamientos entre personal de la empresa Agropucalá y trabajadores en la región Lambayeque. Se investigarán los presuntos delitos de lesiones y tenencia ilegal de armas.

Pesquisas

Dichas diligencias se basan en la denuncia de trabajadores que señalan haber recibido disparos con perdigones por parte del personal de seguridad de la excooperativa. Esta tentativa ocurrió el lunes 10 de enero cuando los obreros reclamaban el pago de sus sueldos y gratificaciones atrasadas.

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Harvey Colchado Huamaní, jefe de la Región Policial Lambayeque, confirmó que se abrirá una carpeta fiscal para que se investigue a los responsables de haber herido a los obreros protestantes. Un despacho de la Fiscalía Penal de Lambayeque iniciará las diligencias.

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“Se va abrir una carpeta fiscal para llevar una investigación. Ya he ordenado al comisario de Pucalá que, en coordinación con los responsables de la empresa, se obtenga la relación de nombres del personal de seguridad. Y, además, que los integrantes del área de seguridad pasen por la prueba de absorción atómica para determinar quién pudo haber disparado (contra los trabajadores). Se ha pedido un trabajo imparcial al comisario”, comentó.

Colchado Huamaní agregó que, en el año 2021, solicitó a los representantes de las diferentes empresas agroindustriales que remitan información de su personal de seguridad a fin de descartar su presunta participación en actos delincuenciales. Este requerimiento fue enviado a las azucareras Pomalca, Tumán, Cayaltí y Pucalá.

“Solo una empresa no cumplió con remitir información de sus trabajadores de seguridad. Y, en una de estas empresas azucareras, la Policía también detuvo a un personal de seguridad que tenía antecedentes por robo agravado. Se ha estado trabajando para prevenir que personas con antecedentes laboren en espacios donde la confrontación por las administraciones judiciales es álgida”, explicó.

Sobre este caso, el miércoles 12 de enero, la congresista Jéssica Córdova Lobatón envió un documento al ministro del Interior, Avelino Guillén, para solicitarle acciones que garanticen la paz social y la tranquilidad pública en Pucalá.