Incertidumbre por la promesa de desactivar la Sutran y la ATU

A los principales operadores formales del transporte público e interprovincial del país no solo les preocupa la actual crisis que se vive en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), producto de las cuestionadas designaciones de funcionarios, sino que también les genera incertidumbre las idas y venidas que ha tenido el hoy presidente Pedro Castillo Terrones en torno a la fiscalización del sector.

Y es que a fines de abril, después de la primera vuelta, el entonces candidato de Perú Libre anunció que “se desactivaría” la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) de Lima y Callao” por ser “abusivas” y se haría una “verdadera reingeniería del transporte”. Después de eso, tras las críticas, guardó silencio.

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Sin embargo, su propuesta tiene hoy el respaldo de, al menos, una de sus compañeras de partido. La congresista por Áncash, Kelly Portalatino, también ha propuesto eliminar la Sutran y exonerar del pago de papeletas a los transportistas, quienes denuncian “actos de corrupción”. Ella, incluso después de elección, reiteró que las funciones de la Sutran las asumiría la Policía a nivel nacional.

Así, en la actualidad, existe hermetismo dentro de la sede del MTC por el futuro de la Sutran, que fiscaliza la informalidad en las carreteras, y de la ATU, a cargo de la reforma del transporte de Lima y Callao.

Hasta el momento, los directores de la Sutran y de la ATU, Jorge Beltrán y María Jara, respectivamente, continúan en sus cargos. El primero fue designado el 27 de mayo del 2019 y la segunda el 16 de octubre de ese año. Fuentes del sector dijeron que aún no había novedades.

“Estamos muy preocupados porque han designado a Juan Francisco Silva en el MTC, cuando tiene multas por manejar una miniván que prestaba el servicio de colectivo. Además, aún no sabemos cuál va a ser la postura del presidente en torno al rol fiscalizador de la Sutran y la ATU”, afirma Martín Ojeda, vocero de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Debido a ello, su gremio ha solicitado una reunión con el nuevo ministro para conocer cuáles serán las medidas que ejecutarán para enfrentar la informalidad en las carreteras. “Necesitamos que se comprometan a que no van a favorecer a los taxis colectivos, que generan congestión, accidentes y competencia desleal”.

“Que no haya retrocesos”

Para Ángel Mendoza, representante de los concesionarios de los corredores complementarios, si bien en un inicio hubo incertidumbre, ahora espera que el mandatario cumpla con su mensaje de 28 de julio, en el que señaló que se “mejorará el transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales y que se implementará un Sistema Integrado de Monitoreo y Supervisión Vehicular, mediante control preventivo”.

No obstante, consideró importante que el Gobierno fortalezca la labor de la ATU de Lima y Callao con mayor presupuesto para contar con fiscalizadores, depósitos y grúas. “Hemos avanzado solo con el 10% de la reforma del transporte. Necesitamos que no se paralice, sino que se mejore. La informalidad pone en riesgo la vida de las personas y genera mayor congestión. Debe tener en cuenta que somos empresarios peruanos”.

Agregó que se deben hallar opciones para atender la necesidad de los informales, siempre que cumplan con las leyes.

Claves

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado al voto la Ley 31096 que establece la formalización de los taxis colectivos, con excepción de Lima y Callao. El Congreso la aprobó por insistencia.

Para el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, la eliminación de la Sutran y la ATU le compete solo al Congreso, ya que fueron creadas por ley.