El pueblo kakataibo reclama justicia y la protección del Estado

El pueblo Kakataibo mora en las cuencas de los ríos Aguaytía y San Alejandro, en Ucayali; y Sungaroyacu, que es parte de Huánuco. Ahí están las comunidades Sinchi Roca 1, Puerto Nuevo, Unipacuyacu, Santa Martha, Yamino, Mariscal Cáceres, Puerto Azul y Sinchi Roca 2.

El presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Herlin Odicio Estrella, refiere que desde hace muchos años vienen denunciando la presencia de invasores, pero ningún funcionario nacional, regional y local ha actuado con justicia.

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Las autoridades judiciales terminan archivando sus denuncias. Pero cuando los nativos salen en defensa de sus territorios y proceden a desalojar a los invasores, son denunciados por violación, extorsión y otros delitos.

Mientras esto sucede, en no pocas tierras invadidas y deforestadas crecen los cultivos de coca, arman pozas de maceración y levantan pistas de aterrizaje clandestinas.

“Quien tiene más dinero hace lo que quiere. El narcotráfico paga jueces, fiscales, policías y también funcionarios públicos. La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco y de Ucayali dan constancias de posesión a personas extrañas. Hay mucha corrupción. Están asesinando a los comuneros que más luchan. Tratamos de buscar justicia, pero nadie nos da la razón”, lamenta el dirigente.

Durante la pandemia, acabaron con la vida de cuatro comuneros utilizando armas de fuego: Arbildo Meléndez Grandez, jefe de Unipacuyacu, distrito Codo del Pozuzo, provincia Puerto Inca, Huánuco. Santiago Vega Chota, de Sinchi Roca 1, distrito de Irazola, región Ucayali. Yenser Ríos Bonzano, de Puerto Nuevo, provincia Padre Abad, región Ucayali. Y Herasmo García Grau, de Sinchi Roca 1, distrito de Irazola, provincia Padre Abad, en Ucayali.

“He denunciado ante el relator de Naciones Unidas lo que pasa en nuestras comunidades, informé que estamos corriendo mucho riesgo. Todo lo que pasa aquí es ocultado, ninguna autoridad dice nada sobre el narcotráfico, habiendo pistas de aterrizaje y pozas de maceración. Ucayali es segundo Vraem, por eso es tierra de nadie. Si un dirigente denuncia, lo amenazan y lo matan”, reitera Herlin Odicio.

Responsabilidades

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que esta situación la ha permitido el Gobierno regional y el Gobierno central con el apoyo económico que otorga Devida.

Como muestra, refiere que el Gobierno regional de Huánuco, entre 2013 y 2018, ejecutó cerca de 13 millones de soles transferidos por Devida en actividades de titulación, pero hasta diciembre del 2017 no había titulado ninguna comunidad nativa. “Los fondos se asignaron mayoritariamente a la titulación individual con la entrega de más de 10.000 títulos a colonos”, precisa.

En el lado de Ucayali, las comunidades cuentan con títulos obtenidos en los años 70. Sin mayor avance, ahora luchan por la georreferenciación para tener sus coordenadas y garantizar la propiedad de sus territorios.

La grave situación del pueblo kakataibo ha llegado al conocimiento del relator especial de Naciones Unidas Michel Forst, quien visitó el Perú en enero del 2020. Entonces recomendó al Gobierno adoptar medidas urgentes, como garantizar el reconocimiento jurídico y la protección de las tierras ancestrales mediante títulos de propiedad y procedimientos de demarcación. Además, acciones para eliminar las causas de las constantes amenazas sobre los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Pero nada cambió. A tres meses de la visita de Forst asesinaron a dos comuneros. En el presente año, y en el lapso de 12 días, mataron a otros dos.