Piden 28 años de cárcel para acusadas de comprar una bebé en Cusco

Pena. Fiscalía presentó ante juzgado acusación contra técnicas en enfermería de hospital Alfredo Callo de Sicuani, en Cusco. Se solicita,  además, prisión preventiva y pago de reparación de S/ 20 mil por haberle arrebatado a una adolescente su bebé.

6 Ago 2018 | 6:57 h

Pena. Fiscalía presentó ante juzgado acusación contra técnicas en enfermería de hospital Alfredo Callo de Sicuani, en Cusco. Se solicita,  además, prisión preventiva y pago de reparación de S/ 20 mil por haberle arrebatado a una adolescente su bebé.

Cusco. La situación legal de las técnicas en enfermería Benedicta Pacori Quispe, Yrma Castillo Zapata y Brigitte Sara Rodulfo Castillo se complica. Ellas están investigadas por la presunta venta de una bebé, que fue alumbrada por una adolescente, víctima de ultraje sexual.

La Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas del Cusco, presentó el recurso ante el Juzgado Mixto de la provincia de Canchis.

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En el documento se solicita contra las imputadas, quienes laboran en el hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani (Canchis), 28 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva, diez años de inhabilitación en el ejercicio de la función pública y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. Se les acusa de la presunta comisión del delito de Trata de Personas agravada.

En la acusación, la Fiscalía sostiene que Benedicta Pacori, cuando la menor alumbró a la bebé, se apersonó y, tras identificarse como “Benita”, le dijo que como era pobre y fue ultrajada sexualmente no debería tenerla y debía dársela a una doctora, que está interesada en la recién nacida.

Las imputadas habrían aprovechado su estado de vulnerabilidad, ya que, inicialmente, la niña sentía rechazo por la bebé y no quería darle de lactar. Tras conseguir su dirección, en febrero de 2017, fueron a su casa y le habrían arrebatado a la bebé, mientras una de ellas habría colocado 500 soles en el bolsillo de su madre.

Cuando las testigos (Dunia Rodríguez Flores y Delia Apaza Mamani, trabajadoras del nosocomio), en la investigación, descubrieron este hecho y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Canchis, le devolvieron la recién nacida a la adolescente

La fiscal de Trata de Personas, Andronika Sanz, sostuvo que están a la espera de que el Juzgado Mixto de Canchis fije hora y fecha para la audiencia de control de acusación. También, se solicitó la prisión preventiva contra las profesionales.

AMENAZAS

Se conoció que las testigos son amenazadas de muerte y hostigadas laboralmente. Sobre ello, la fiscal aseveró que remitió un oficio al director del hospital Alfredo Callo Rodríguez, Alfredo Condori, para que se las aparte del entorno hostil en que estarían realizando sus funciones. Pero no hay respuesta alguna.

Ante este hecho, la Fiscalía remitirá un oficio a la Dirección Regional de Salud para que se adopten medidas administrativas contra las imputadas por el hostigamiento laboral a la asistenta social, la técnica en enfermería y otras dos trabajadoras, que son testigos en la investigación. 

La República se comunicó con el director de la Red de Salud Canas-Canchis-Espinar, Manuel Aragón, quien aseguró que recientemente renunció al cargo y que desconoce del hecho, pese a haberse suscitado en 2017, cuando él asumía ese cargo.

No obstante, dijo que lo comunicará a su sucesor, Luis Altamirano Camacho, para que solicite información a la dirección del hospital de Sicuani y adopten medidas.

“Es un caso muy delicado el rapto de una bebé, que dio a luz una niña. Pero nunca he tenido conocimiento del hecho ni por escrito ni en forma verbal por la Fiscalía y menos por el hospital”, aseveró. 

Hostigadas hasta en sus viviendas

Las testigos denunciaron que son amenazadas de muerte y hostigadas en el hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani por las imputadas.

La Fiscalía de Trata de Personas les ha otorgado medidas de protección. Sin embargo, ellas aseguran que las amenazas y hostigamiento persisten a tal extremo que, recientemente, la vivienda de la asistenta social fue marcada con sus iniciales.

Cansadas de estas advertencias, solicitaron a la dirección del hospital su destaque. Pero, a través de las resoluciones directorales N.° 151 y N.° 152, sus solicitudes fueron declaradas improcedentes.

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