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Política

José Saldaña: “No hay condiciones político-constitucionales para una transición ordenada y democrática”

Especialista cuestiona conducta del Congreso contra el Gobierno, aunque considera que investigación por presunta corrupción a Pedro Castillo debe seguir.

Saldaña dice que conducta del Congreso abona a alegatos del Gobierno ante OEA. Foto: difusión
Saldaña dice que conducta del Congreso abona a alegatos del Gobierno ante OEA. Foto: difusión
David Pereda

El abogado e investigador José Saldaña Cuba, magíster en Ciencia Política (Pontificia Universidad Católica del Perú) y máster en Derechos Humanos (Universidad de Notre Dame, EE. UU.), reflexiona sobre los procesos contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta, Dina Boluarte, en el Congreso y la Fiscalía, y la actual crisis política.

—¿Cómo ve el comportamiento del Congreso en los procesos al presidente Castillo?

—Desde el 2016 hay una tendencia de manipular la Constitución con fines políticos y se agudiza durante este Gobierno. La Constitución, que debe interpretarse con el mayor rigor, lo es de maneras poco sólidas, manipulables, que no dan predictibilidad y generan inestabilidad.

—¿Castillo cometió traición a la patria con lo que dijo a CNN?

—De los casos que tiene en el Congreso, es el más débil jurídicamente. Juristas de varias tendencias no hallan mayor fundamento de traición a la patria.

—Algunos sí lo ven, como el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume...

—Es el primer abogado constitucionalista que vi en esa postura. Es minoritaria. Las declaraciones no tienen efectos materiales en la soberanía territorial. No ha seguido ningún acto de Gobierno. No desplegó efectos que pueden considerarse traición a la patria. Se castigaría con destitución hechos solo declarativos.

—¿Ni como tentativa?

Es figura en derecho penal, no hay tentativa de infracción constitucional. En lo penal, no se configura tentativa de traición a la patria porque deben cumplirse requisitos: amenazas o hechos preparatorios que determinen con claridad y precisión estar decidido a cometer delito. Aquí es una simple declaración aislada de acto material.

—¿Qué generaría que se inhabilite a Castillo por ese caso?

—Las consecuencias de una decisión arbitraria e inconstitucional, como esa, serán trágicas para la democracia y estabilidad social. Los de la OEA, como árbitros imparciales, notarán el tipo de procedimientos poco rigurosos. Y una destitución del presidente elegido por cinco años por el voto popular, nos guste o no, tendrá consecuencias en quienes votaron por él y quienes aún aprueban su gestión, y podría generar protestas.

—¿Castillo podría acudir a tribunales internacionales y generarse una sanción al Estado?

—La Carta Democrática Interamericana tiene otro procedimiento a posteriori de los hechos que también podría activarse para que un equipo intervenga y haya consecuencias internacionales. Sería un mecanismo con que contaría el Gobierno para solicitar apoyo de la comunidad internacional. Castillo tendría expedito su derecho a activar otros sistemas como el interamericano de derechos humanos, pero ello implicaría plazos de decisión más largos y no tendría repercusión directa inmediata en su destitución.

—¿Cómo valora el caso de Dina Boluarte, por gestiones sobre una asociación privada?

—Se nota un patrón de actuación del Congreso para poner en amenaza la estabilidad del Ejecutivo. Otro patrón es manipulación de procedimientos y normas constitucionales para, como fuere, destituir autoridades electas por voto popular. A Boluarte se le acusa por el artículo de la Constitución que prohíbe a ministros gestionar intereses privados, pero hizo actos procedimentales de transición de su cargo a la nueva autoridad, que no generan conflicto de intereses ni daño al Estado. Es otro proceso con rasgos arbitrarios.

—Abona al alegato del Gobierno a la OEA de una hostilidad

—Esa falta de rigurosidad jurídica es la muestra más palpable para que la comunidad internacional note que, más allá de cuestionamientos políticos legítimos, hay una instrumentalización de procedimientos parlamentarios para fines políticos de la oposición, que son destituir autoridades del Ejecutivo.

—¿Y los casos de corrupción de Castillo son instrumentos?

—Allí hay serios indicios que apuntan a redes de corrupción cercanas al presidente. Esos procedimientos deben seguir, pero hay un impedimento constitucional que se debe respetar.

—¿En qué sentido?

—Para evitar la instrumentalización política, la Constitución establece, en su artículo 117, que un presidente no puede ser acusado salvo unos casos puntuales. Castillo puede ser acusado tras concluir sus funciones. Si se hallan elementos probatorios de mayor gravedad, está expedito el procedimiento de la vacancia por incapacidad moral.

—¿Puede ser vacado a discrecionalidad del Congreso?

—De acuerdo a la Constitución. Debe respetar el debido proceso. De eso trata el proceso en que la tradición constitucional peruana da un canal de salida ante crisis políticas álgidas.

—¿Y cuál es el punto de inflexión para calificar una incapacidad moral permanente?

—Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, pese a que ha tenido más de una oportunidad para pronunciarse sobre los límites del proceso de vacancia, incapacidad moral del presidente, no lo ha hecho. Estamos en una incertidumbre de la interpretación del procedimiento, pero, desde la doctrina, especialistas dan criterios a considerar: debido proceso, derecho de defensa, elementos probatorios graves de culpabilidad. Pueden manipularse y están sujetos a la práctica política, que en el Perú no es buena, pero por ahora es la única opción que nuestra tradición constitucional permite.

—Si Castillo cae y sube Boluarte, ¿sería sostenible?

Es constitucional, pero vemos, por el comportamiento de la mayoría del Congreso, que también va contra Boluarte, un claro ánimo de no respetar esa sucesión constitucional, de modo que no hay ahora condiciones político-constitucionales para una transición ordenada y democrática si sale Castillo.

—Boluarte dice que hay un plan para sacarlos a ambos...

—Lamentablemente, vemos eso: el uso de estos procedimientos constitucionales y parlamentarios para un plan político en que uno puede llegar de manera muy directa, porque son los mismos actores, al rechazo a la derrota electoral del año 2021. Son los mismos grupos que no aceptaban la derrota electoral los que son parte de este nuevo ataque o amenaza.

—¿Y, entonces, cuál considera que debería ser la salida a la actual crisis política del Perú?

—Las crisis que estamos viviendo en el país no parecen tener viso de solución en el futuro cercano. Como ciudadanía, tenemos que reconocer que estamos en un momento de crisis político-constitucional muy profunda, que esa salida que se puede llegar a construir va a costar todavía mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y muchas voluntades concertadas. Me parece que reformas políticas integrales, procesos constituyentes, diálogos políticos con acompañamiento internacional son el tipo de salidas grandes que espera el país.