Poder Judicial dicta 6 años de prisión contra viceministro de Transportes, Luis Rivera
Al viceministro de Transportes también se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil que supera el millón de soles.
La República en GoogleEl Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Callao dictó 6 años de prisión contra el actual viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, por ser autor del delito de negociación incompatible cuando ejerció el cargo de gerente central de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) entre 2013 y 2014.
En la audiencia de adelanto de fallo que se realizó este jueves, se dispuso que la pena privativa de la libertad se suspenda contra Rivera Pérez y se fijó una caución de 30.000 soles. El juzgado también dispuso la inhabilitación por seis años, 180 días multa y una reparación civil de 1 255 420 soles.
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Esta última deberá ser abonada conjuntamente con los otros autores del delito de negociación incompatible: Dhenis Cabrera Garrido, gerente general de Corpac; Carlos Huaroto, administrador de Aeropuerto del Cusco; Jorge Herrera Alcocer, jefe de equipo de administración del Aeropuerto del Cusco; y José Cáceres Montánchez, gerente de seguridad de Aeropuerto de Cusco.
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De acuerdo con la tesis del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, los referidos funcionarios de Corpac y del Aeropuerto de Cusco se interesaron ilícitamente en los servicios de las empresas World Security and Services y Walkers Protection para que brinden seguridad en la estación de radar de Acopia Grande y del aeropuerto Alejandro Velazco Astete.
El pago a estas empresas ascendió en total a 1 761 878, monto que fue fraccionado indebidamente vía órdenes de servicio —por montos menores a tres unidades impositivas tributarias—, que eran renovadas cada dos días entre marzo de 2013 y enero de 2014.
Los funcionarios del Aeropuerto de Cusco solicitaron que las contrataciones se hagan mediante órdenes de servicio, petición que fue autorizada por Rivera Pérez y Cabrera Garrido, pero no tramitaron la exoneración por desabastecimiento. El juzgado concluyó que con ello se benefició ilegalmente a World Security and Services y Walkers Protection.
